De acuerdo con el relevamiento, la Argentina obtuvo un puntaje inferior al del año anterior y descendió cinco lugares en la clasificación general, profundizando una tendencia de estancamiento y retroceso que se viene registrando en la última década. El IPC mide la percepción de corrupción en el sector público a partir de encuestas a especialistas, empresarios y organismos internacionales.
El resultado vuelve a ubicar al país por debajo del promedio global y también del promedio regional de América Latina, una zona que en su conjunto continúa mostrando dificultades estructurales en materia de integridad pública, controles institucionales y calidad democrática.
Según el informe, los países que lograron mejores desempeños son aquellos que cuentan con sistemas judiciales independientes, organismos de control fuertes y políticas sostenidas de transparencia. En contraste, las naciones con mayores niveles de corrupción presentan debilidades en el Estado de Derecho, baja previsibilidad institucional y escasa rendición de cuentas.
El retroceso argentino se produce en un contexto en el que el Gobierno nacional impulsó un fuerte ajuste del gasto público y una reducción del rol del Estado, pero sin avances significativos en reformas estructurales orientadas a mejorar los mecanismos de control, prevención y sanción de prácticas corruptas.
El Índice de Percepción de la Corrupción es uno de los indicadores más observados a nivel internacional para evaluar el clima institucional de los países y suele ser utilizado como referencia por inversores, organismos multilaterales y gobiernos al momento de analizar riesgos políticos y económicos.




