La investigación que se le sigue a madre e hija de 23 y 42 años de la capital provincial, detenidas desde mediados de octubre pasado por comercialización y distribución de material de abuso sexual (Masi) -y en el que incluso utilizaron a su propia hija y nieta, respectivamente para la producción de videos-, avanza firmemente en el Juzgado de Instrucción Siete de Posadas. 

Según pudo saber El Territorio, luego de analizar los primeros elementos de prueba recolectados en el marco de la causa, el juez Miguel Mattos resolvió semanas atrás dictar la prisión preventiva para las dos implicadas que tiene la pesquisa: Yanela P. (23) y su madre Maria A. (42). Ambas, están imputadas provisoriamente por producción de material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Y en base a los elementos que se tienen hasta el momento en el expediente su situación procesal es complicada, en base a testimoniales y distintos reportes incorporados a la causa. 

En torno a la continuidad del caso, fuentes consultadas indicaron que restan aún que se incorporen otros informes complementarios, solicitados por el juez Mattos. Aunque se espera que en los próximos meses, de no mediar contratiempos, el expediente pueda ser requerido para debate oral. 

Venta por redes sociales 

De acuerdo a lo que se reconstruyó en el caso, la intervención policial comenzó en octubre pasado tras una denuncia por violencia familiar hecha en el Juzgado de Violencia Familiar 1 de Posadas en donde se advertía de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban varias menores de edad dentro de un domicilio del barrio Rocamora de la capital provincial. Pero con el correr de las averiguaciones, surgió el dato de que desde esa vivienda, la joven de 23 años utilizaba a su pequeña hija de 3 años para producir material de abuso sexual infantil. Todo esto con la complicidad y colaboración de su propia madre, de 43 años y quien también residía en el mismo domicilio de la calle Bosetti casi Tomás Guido. 

Sobre el modus operandi, los investigadores establecieron mediante el aporte de testigos y otras averiguaciones que la joven ofrecía dicho contenido mediante la plataforma Telegram. En donde todo aquel que quisiera acceder a los videos debía abonar sumas de dinero cercanas a los 2.000 pesos por archivo. 

Esto, derivó en la inmediata intervención de la Fiscalía de Ciberdelitos que, con los primeros elementos y con la orden del juez Mattos, concretaron el viernes 17 de octubre pasado un allanamiento en el mencionado domicilio. 

La intervención estuvo a cargo de personal de la Dirección de Investigaciones Complejas, División Científica y Comisaría de la Mujer de la Unidad Regional I, quienes en el lugar secuestraron prendas de vestir y tres teléfonos celulares de distintas marcas en donde se sospecha que grababan y almacenaban los distintos videos. 

Por si fuera poco, en el lugar fueron halladas otras tres menores de edad, además de la hija y nieta de las implicadas, quienes fueron asistidas por profesionales interdisciplinarios de la Comisaría de la Mujer y luego entregadas para resguardo a sus tutores. 

Días posteriores, las dos implicadas fueron llevadas a audiencia indagatoria en sede judicial y en donde fueron imputadas por los delitos antes nombrados.