La disputa entre el Gobierno nacional y las universidades públicas sumó este martes un nuevo capítulo judicial. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, intimó al Poder Ejecutivo a dar cumplimiento total a la medida cautelar que ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, luego de constatar que la recomposición salarial y de becas dispuesta en los artículos 5 y 6 de la norma sigue sin ejecutarse de manera completa.

El magistrado fijó un plazo perentorio de cinco días para que el Estado nacional regularice la situación. En caso de que el incumplimiento persista, adelantó que aplicará astreintes, es decir, multas económicas por cada jornada de demora.

Qué dice la resolución

En su fallo, Cormick fue categórico: "En virtud de lo actuado en la causa, atendiendo a lo peticionado por la parte actora y verificándose que no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme, intímese al demandado Estado Nacional, Poder Ejecutivo Nacional, a que dé efectivo cumplimiento en un plazo perentorio de cinco (5) días, bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora".

La medida se apoya en el reclamo que impulsó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para exigir la aplicación plena de la ley 27.795, que contempla la actualización de salarios docentes y no docentes, la recomposición de becas estudiantiles y partidas para gastos de funcionamiento e investigación. La resolución llega apenas semanas después de que el propio Cormick rechazara un pedido del Gobierno para levantar la cautelar, tras pedirle previamente que informara el grado de cumplimiento alcanzado.

Un reclamo salarial que no cierra

Según estimaciones difundidas por las universidades nacionales y los gremios del sector, la recomposición salarial adeudada ronda el 31% para equiparar los sueldos docentes y no docentes a lo que exige la norma. El Ejecutivo, en tanto, ofreció un 3% en la última instancia paritaria, una brecha que derivó en la convocatoria a una nueva marcha federal universitaria.

El abogado del CIN, Pablo Manili, había cuestionado a comienzos de mes la estrategia del Gobierno para mostrar un cumplimiento parcial de la cautelar. En diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad de Quilmes, comparó la situación con pedir que se levante un embargo por una deuda de la que apenas se pagó una fracción mínima. El planteo oficial no prosperó ante la Justicia.

El conflicto entre la administración de Javier Milei y el sistema universitario público se arrastra desde el inicio de la gestión libertaria y ya tuvo capítulos en la Cámara Contencioso Administrativo Federal y en la Corte Suprema, que en distintas instancias avalaron los reclamos de las casas de altos estudios frente a los intentos del Ejecutivo de frenar o condicionar la aplicación de la ley.