La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, volvió a cuestionar con dureza las modificaciones en el área de discapacidad incluidas en el proyecto del Presupuesto 2027 y apuntó contra el Ministerio de Economía que encabeza Luis “Toto” Caputo por la falta de debate previo. Tras calificar la inclusión sorpresiva del texto como un «error no forzado» que expone a los legisladores oficialistas y resiente los acuerdos políticos en el Congreso, la senadora advirtió sobre el impacto del polémico capítulo VI, el cual deroga la Ley de Emergencia en Discapacidad y elimina los aranceles únicos de referencia para terapias y tratamientos.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, volvió a cuestionar los cambios que se realizaron en el proyecto del Presupuesto 2027 en el capítulo que trataba el área de discapacidad y apuntó contra el Ministerio de Economía.

En diálogo con A24, la jefa del bloque libertario en la Cámara Alta remarcó: “Habíamos estado el día anterior en una mesa política, se habían dado los números macro. Se habían dado los fundamentos, pero nadie dijo nada de esto”. En esa línea, explicó que cuando ingresó el texto a la Cámara de Diputados en la madrugada, expuso el desentendimiento dentro del oficialismo.

“El tema de la discapacidad es muy fuerte. La mesa política es para evaluar cómo caen en las cámaras los proyectos, qué es viable y qué no. El año pasado nosotros la pasamos muy mal cuando perdimos gobernabilidad. Romper mayorías que nos ayudan a generar gobernabilidad, a sacar leyes como todas las que sacamos este año. El presupuesto siempre es una herramienta fundamental. En vez de mantener eso, de golpe viene una bomba atómica”, añadió la ex funcionaria.

Y continuó: “Tengo que ser sincera y decir: a ver, a mí no me tomen de tonta. Si estamos el día anterior en una mesa discutiendo y no nos enteramos de las cosas, yo siento que me toman de tonta. La evaluación que hubiera hecho es: pensemos esto tres veces, porque cuando nos chocamos ya contra la pared, ¿nos vamos a chocar de nuevo contra la pared de esta manera?”.

En tanto, remarcó que los proyectos “salen con una mayoría” y explicó que dentro del Congreso se logra ese consenso que después permite que las leyes se aprueben. Sin embargo, apuntó: “Cuando se sabe que se está discutiendo para buscar una salida y viene algo así, no sé. El presupuesto sale de Economía, yo no quiero acusar a nadie. Y lo menos que pueden hacer es ponerlo sobre la mesa”.

El malestar de Bullrich no fue aislado. Según pudo saber Infobae, ni los diputados de La Libertad Avanza (LLA) ni el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, estaban al tanto del contenido del capítulo VI antes de que el texto ingresara al Congreso. Fuentes del bloque oficialista señalaron al Ministerio de Salud y a la Secretaría de Legal y Técnica como responsables de la descoordinación. “Nadie sabía nada. Fue una descoordinación un poco responsabilidad del Ministerio de Salud y otro poco de Legal y Técnica”, indicaron a ese medio.

La falta de aviso previo expuso a los legisladores aliados ante sus propios bloques y ante la oposición. En Radio Rivadavia, Bullrich fue más directa aún al respecto: “Quedás como un tonto o como que engañás, eso resiente las relaciones”, lamentó.

En ese mismo sentido, Bullrich reclamó que la mesa política funcione “donde las cosas se discutan, porque si no después el Gobierno, el país paga un montón de costos”. En tanto, advirtió que esa ausencia de debate previo lleva a que la ciudadanía perciba al oficialismo como “totalmente insensible”.

Ante la consulta sobre si entonces era el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien actuaba por su cuenta, respondió: “No lo sé. No quiero ponerlo en cabeza de nadie, pero lo que digo es que acá hay un error no forzado. Y el error no forzado te puede hacer perder el partido”.

Las modificaciones del Capítulo VI

El capítulo VI del proyecto, conformado por los artículos 36 a 41, introduce modificaciones permanentes al sistema de atención a personas con discapacidad. Entre los puntos más controvertidos figura la derogación parcial de la Ley de Emergencia en Discapacidad (ley 27.793) y cambios sustanciales en la ley 24.901, que desde 1997 regula las prestaciones básicas de atención integral.

El texto elimina los aranceles únicos de referencia del Nomenclador de Prestaciones Básicas, lo que en la práctica obliga a las familias a negociar individualmente con obras sociales y prepagas el valor de terapias y tratamientos. Además, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) deja de ser garantía directa de acceso a prestaciones, y quienes tengan empleo registrado o estén inscriptos en el monotributo perderían la compatibilidad con la pensión por invalidez, un esquema que hasta ahora les permitía trabajar sin perder su cobertura.