El oficialismo dio un giro inesperado en la negociación por la emergencia en Discapacidad y ofreció a los bloques aliados y dialoguistas un proyecto que retoma buena parte de los reclamos que venía sosteniendo la oposición. Con este movimiento, La Libertad Avanza logró inclinar a su favor la firma de dictámenes prevista para este miércoles en comisión, luego de haber acumulado seis derrotas legislativas en el tema durante el año pasado.

El nuevo texto implica un retroceso categórico respecto de lo que el Gobierno había insinuado al enviar el Presupuesto, cuando planteó lo que la oposición interpretó como un desmantelamiento del sistema de protección social para personas con discapacidad. El giro se conoció después de que la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad, a comienzos de septiembre, el cronograma que obligaba a tratar la prórroga de la emergencia durante el mes, con 249 votos afirmativos y ningún voto en contra.

Qué mantiene el nuevo proyecto

La propuesta que los bloques libertarios acercaron a los jefes de las bancadas aliadas tiene una veintena de artículos y conserva el principio del nomenclador único. También ratifica la indexación automática mensual de los aranceles de las prestaciones y asegura que quienes cobren la pensión no contributiva por discapacidad puedan mantenerla aunque tengan un empleo con ingresos de hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles. Además, garantiza la cobertura básica del Plan Federal Incluir Salud para los beneficiarios de esa pensión.

El texto establece que los gastos que demande el cumplimiento de la ley serán cubiertos con partidas específicas, que deberán asegurar un crédito presupuestario suficiente para sostener el sistema, sin que pueda ser inferior en términos reales al del ejercicio anterior. Se prevé, incluso, que la Jefatura de Gabinete realice las readecuaciones presupuestarias necesarias durante el primer año de vigencia de la norma para garantizar la continuidad de las prestaciones.

El proyecto suma, además, un sistema de auditorías periódicas con cruce de bases de datos entre ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, bajo el principio del debido proceso inclusivo, y una cláusula transitoria para asegurar el cumplimiento del cronograma de pagos a los prestadores. Quedarían afuera, en cambio, el análisis de costos de las prestaciones y la definición de discapacidad ligada a la Convención Internacional de Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Para el oficialismo, la clave del dictamen es que le quita a la ley el carácter de "emergencia", lo que la volvía transitoria, y la convierte en una política permanente y sin fecha de vencimiento.

Quiénes estuvieron en la reunión

La propuesta se presentó formalmente por la tarde en el Salón de Honor de la Presidencia de la Cámara de Diputados. Participaron por La Libertad Avanza Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz, Silvana Giudici, Gisele Castelnuovo y Laura Rodríguez Machado, junto a representantes de Adelante Buenos Aires, el MID, el PRO, la UCR, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo, Argentina Federal y La Neuquinidad. El presidente de la Cámara, Martín Menem, se sumó al encuentro cuando ya estaba avanzado y avaló el rumbo de las negociaciones, que terminarán de definirse este miércoles desde las 12 en el plenario de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda.

Con el respaldo de esos bloques, más Independencia de Tucumán y Por Santa Cruz, el oficialismo se asegura las firmas necesarias para quedarse con el dictamen de mayoría. Unión por la Patria, un sector de Provincias Unidas y el Frente de Izquierda, en tanto, insistirán con la prórroga lisa y llana de la ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que vence el 31 de diciembre.

El diputado nacional de Provincias Unidas Pablo Juliano cuestionó la maniobra oficialista: "Tienen una crisis interna y de credibilidad. La Libertad Avanza propone sostener la ley de Emergencia en Discapacidad, pero le cambia el nombre para no perder la batalla cultural. ¿Por qué creerles después del Presupuesto 2027 que enviaron? La emergencia debe ser prorrogada".

Desde Unión por la Patria, un diputado del bloque consultado por la Agencia Noticias Argentinas planteó que confiar en el Gobierno es "un acto de fe" y remarcó que las partidas presupuestarias no están garantizadas. En esa línea, otro legislador opositor sostuvo que la maniobra oficialista busca evitar nuevas judicializaciones después del 31 de diciembre, ya que a partir de esa fecha dejaría de existir la emergencia que hasta ahora habilitaba los reclamos judiciales.

Aunque el cambio de estrategia le permite al Gobierno retomar la iniciativa en un tema políticamente sensible, también admite una lectura alternativa: para evitar un nuevo traspié legislativo, el oficialismo terminó cediendo ante buena parte de la agenda que la oposición había logrado instalar.