El Gobierno de Javier Milei anunció este viernes el envío al Congreso de un proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades, una iniciativa que apunta a transformar el funcionamiento del régimen societario argentino y avanzar en un esquema basado en la desregulación, la autonomía privada y la digitalización.

El anuncio fue realizado inicialmente por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y luego ampliado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien brindó detalles sobre los principales cambios contemplados en la propuesta.

“Con esta reforma, Argentina adapta su derecho societario a la economía del siglo XXI y le dice al mundo: vengan a invertir acá”, afirmó el funcionario.

A través de sus redes sociales, Sturzenegger explicó que la iniciativa busca modificar la histórica Ley General de Sociedades impulsada durante la presidencia de Alejandro Agustín Lanusse. “Es un proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades del presidente Lanusse, que nos debíamos hace tiempo. Se suma al conjunto de reformas muy profundas que estamos implementando y que van a consolidar la trayectoria de crecimiento que ya venimos transitando”, sostuvo.

El ministro aseguró además que la propuesta implica un cambio estructural en la relación entre el Estado y las empresas. “El proyecto nos mueve de un régimen rígido y anacrónico, construido sobre la desconfianza al sector privado, a un marco moderno basado en la autonomía, la libertad y la desregulación”, expresó.

En relación con los cambios centrales de la futura normativa, Sturzenegger destacó que “se termina la tutela del Estado sobre cómo los socios organizan sus negocios. Las normas de la ley pasan a ser supletorias: el estatuto manda”.

En esa misma línea, remarcó que las restricciones estatales “serán excepcionales y de interpretación restrictiva” y aclaró: “Los registros públicos no podrán dictar resoluciones que limiten lo que la ley permite”.

Según detalló el funcionario, uno de los principales objetivos de la reforma es eliminar lo que definió como “trabas burocráticas de los registros”. En ese sentido, explicó que el objeto social de las empresas podrá ser amplio, plural y sin obligación de conexidad entre actividades.

Además, señaló que si una sociedad no consigna un objeto específico en su estatuto, se entenderá automáticamente que puede desarrollar cualquier actividad lícita. “Implica menos trabas burocráticas y más libertad para trabajar”, enfatizó.

Otro de los aspectos destacados del proyecto es la posibilidad de que las sociedades sometan sus conflictos internos al derecho extranjero o al derecho mercantil internacional. “También podrán pactar cláusulas arbitrales en el estatuto para resolver controversias sin depender de la lentitud de la justicia. Este tipo de libertad de contrato ha sido el pilar de otros centros mundiales de negocios como Dubai”, manifestó Sturzenegger.

El ministro explicó además que en Dubai las relaciones societarias se resuelven según la legislación societaria elegida por los propios socios, un modelo que el Gobierno busca tomar como referencia para fomentar inversiones y competitividad.

La reforma también contempla una profunda modernización tecnológica del sistema societario argentino. “Permitimos la digitalización plena de la sociedad: domicilio electrónico, libros y registros digitales, asambleas a distancia, constitución de la sociedad por firma digital o electrónica, legajo digital público para cada empresa. Con este proyecto, el expediente en papel queda en la historia”, resaltó el funcionario.

De esta manera, el Ejecutivo buscará avanzar en el Congreso con una reforma que considera clave dentro de su plan de desregulación económica y transformación del Estado.