El juez federal Diego Amarante autorizó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, a salir del país a pesar de la prohibición que pesaba sobre él en el marco de una causa por presunta evasión fiscal. Para suspender temporalmente la medida, el dirigente deberá pagar una fianza de 5 millones de pesos y presentarse a declaración indagatoria el próximo 5 de marzo.

La defensa de Tapia solicitó el permiso con urgencia, ya que el viaje está programado entre el 24 y el 27 de febrero. El itinerario incluye una parada en Barra da Tijuca, Brasil, para un encuentro de la Conmebol, y luego un traslado a Barranquilla para un evento de la Federación Colombiana de Fútbol. El regreso a la Argentina está previsto para el 28 de febrero.

La autorización judicial se produce en un contexto delicado. Tapia está citado a indagatoria por presunta retención indebida de aportes a la seguridad social, una causa iniciada por el organismo recaudador ARCA que investiga una deuda superior a los 19.300 millones de pesos. La denuncia sostiene que la AFA actuó como agente de retención de IVA, Ganancias y contribuciones sociales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, pero no depositó los fondos en el plazo legal.

Además de Tapia, el juez Amarante citó a indagatoria a otras figuras clave del fútbol argentino. El tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, deberá presentarse el 6 de marzo. La lista de imputados también incluye al exsecretario general Gustavo Lorenzo, al presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, y al expresidente de Racing, Víctor Blanco.

Desde el ARCA argumentaron que la maniobra investigada representa un grave perjuicio para las arcas públicas. Para el organismo, la falta de depósito de las retenciones constituye una apropiación de fondos que no son propios del contribuyente. “Los importes en cuestión no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención, por lo que su no ingreso implica una indebida apropiación de caudales públicos”, aseguraron en la denuncia.

El caso, además, salpica a otra esfera del poder judicial. El juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques, quedó en el centro de la polémica tras revelarse que habría celebrado su cumpleaños en una propiedad atribuida a Pablo Toviggino en Pilar. Mahiques tiene en sus manos un voto decisivo para definir si el expediente continúa en el fuero Penal Económico o se traslada a la justicia federal de Campana. El magistrado negó los hechos y minimizó las críticas, al señalar que no tendría motivos para apartarse de la causa.