Desde la Casa Rosada se asegura que la eliminación de este capítulo obliga al Presidente a administrar un presupuesto sin superávit primario, algo que es considerado inaceptable por la administración actual. De acuerdo con fuentes cercanas al Gobierno, este cambio en el proyecto obliga a tomar decisiones sobre cómo manejar el presupuesto, ya que las leyes mencionadas representan un gasto significativo que podría afectar la capacidad de cumplir con los objetivos fiscales.

La situación se complica por el rechazo de algunos gobernadores, como Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), quienes llamaron a sus legisladores a votar en contra de este capítulo clave. Además, dos gobernadores que previamente habían sido aliados del oficialismo, como Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza), también se voltearon en el último momento, generando sorpresa entre los negociadores del Gobierno.

Con el proyecto que pasó a la Cámara de Senadores sin la inclusión del Capítulo XI, el Gobierno de Milei considera que la única salida es avanzar con gestiones para modificar el texto o, si no se logran las modificaciones deseadas, vetar el presupuesto aprobado. Esta situación subraya el enfoque político y económico del debate: déficit versus superávit, y cómo cumplir con los compromisos fiscales asumidos en el mandato electoral.