La controversia se remonta al 30 de junio pasado, cuando la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó al Estado transferir esas acciones a los fondos demandantes como parte del pago de una indemnización inicial de 16.100 millones de dólares más intereses a favor de Burford Capital y Eton Park.

Frente a esa resolución, la defensa argentina apeló y consiguió una suspensión temporal para frenar la entrega de los títulos. En el sistema judicial estadounidense, una apelación no detiene automáticamente la ejecución de una sentencia: es el juez quien decide si suspende o no la medida.

Dos recursos pendientes

Actualmente, Argentina sostiene dos recursos pendientes: uno contra la sentencia que ordena pagar la indemnización y otro contra la orden de entregar el 51% de las acciones de YPF.

En el primer expediente, todas las partes ya presentaron sus escritos y la Cámara fijó la audiencia para la semana del 27 de octubre. En el segundo, se estableció que el país debe presentar su defensa con argumentos detallados antes del 25 de septiembre, para que luego los fondos demandantes puedan responder.

Mientras tanto, el tribunal decidirá este martes si prolonga la suspensión de la transferencia de acciones hasta que se resuelvan ambos recursos.

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La defensa argentina invoca el artículo 10 de la Ley 26.741 -norma que permitió la expropiación de YPF-, el cual establece que la transferencia de esas acciones no puede concretarse sin la previa autorización del Congreso.

Los antecedentes

La estatización del 51% de YPF se concretó en 2012. Por entonces, Eton Park tenía una participación en la compañía, que cotiza en la Bolsa de Nueva York desde 1993, mientras que Burford Capital adquirió el derecho a litigar en tribunales españoles tras la quiebra de las empresas Petersen —controladas por la familia Eskenazi—, accionistas de la petrolera.

Los demandantes sostienen que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no realizó la oferta pública de adquisición (OPA) por la totalidad de las acciones, como establece el estatuto de YPF registrado en Estados Unidos. Según el artículo 7°, cualquier inversor que supere el 15% de las acciones debe ofrecer comprar el resto.

Argentina no cumplió con ese requisito. En su momento, Axel Kicillof -por entonces viceministro de Economía e interventor en YPF- declaró en el Congreso: “Si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, tenía que comprar el cien por ciento por un valor equivalente a 19.000 millones de dólares. Porque sería absurdo que el Estado tenga que comprar todo respetando el estatuto de YPF. ¿Dónde quedaría la seguridad jurídica?”.

Esa afirmación fue utilizada por los demandantes y por la jueza Preska para respaldar sus argumentos. La magistrada concluyó que “la República obligó a los demandantes a otorgar un préstamo masivo tras expulsar violentamente a los miembros del directorio de YPF el 16 de abril de 2012, lo que provocó la huida de los representantes de Repsol”.

La defensa argentina sostiene que la Constitución nacional prevalece sobre los estatutos societarios y que la expropiación se realizó conforme a la Ley 26.741. También remarcó que Burford pagó 15,1 millones de euros al fisco español y cedió un 30% de la eventual indemnización por el derecho a demandar, tras la quiebra de Petersen Energía y Petersen Inversora.

Petersen, propiedad de la familia Eskenazi -también dueña del Banco Santa Cruz-, afirma que el grupo no tiene relación con la demanda, aunque figura en el expediente en Nueva York. En 2008, adquirió el 25% de YPF: primero un 14,9% por 1.100 millones de dólares y luego un 10,1% por 2.200 millones, operaciones financiadas con créditos que se cancelarían con dividendos. Tras la estatización, Argentina suspendió esos pagos y las compañías quebraron.

Eton Park, por su parte, compró el 3,04% de YPF en noviembre de 2010 por 458 millones de dólares. En mayo de 2014, Kicillof acordó pagar 5.000 millones de dólares a Repsol por el 51% expropiado.

La demanda contra Argentina y YPF comenzó en abril de 2015. En 2023, la sentencia de primera instancia ordenó al Estado pagar la indemnización y liberó de responsabilidades a la compañía. La defensa apeló y la Cámara del Segundo Circuito programó la audiencia para la última semana de octubre próximo.


Fuente: Misiones Online