El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este viernes que el Gobierno dio de baja un total de 110.522 Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral que, según la revisión oficial, habían sido otorgadas de manera irregular durante gestiones anteriores. Además, se detectaron 8.107 casos correspondientes a personas fallecidas y 10.038 renuncias voluntarias.

La cifra, que supera en 20 mil las reveladas por Infobae el mes pasado, implica un ahorro estimado para el Estado de $35 mil millones mensuales. Adorni explicó que el 60% de los beneficiarios no se presentó a verificar los requisitos exigidos, condición indispensable para conservar el beneficio.

Durante la conferencia en Casa Rosada, el portavoz detalló que entre las irregularidades detectadas hubo casos en los que se presentaron los mismos estudios médicos —radiografías, ecocardiogramas o mediciones de presión arterial— para distintos expedientes. “En Tucumán, por ejemplo, se repitió el mismo estudio en varias solicitudes. En Chaco, se presentó una misma radiografía de hombro como prueba en 150 pensiones por invalidez diferentes durante la gestión pasada”, señaló.

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), encabezada por Diego Spagnuolo, había denunciado previamente “una actividad fraudulenta a gran escala” con un desvío estimado de mil millones de dólares por año. Según Adorni, la cantidad de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral pasó de 79.000 en 2003 a 1.045.000 en 2015, bajó a 1.026.000 en 2019 y volvió a subir a 1.222.000 en diciembre de 2023.

El vocero remarcó que, en comparación, “la población activa de Israel que recibe pensión por discapacidad es del 3,5%, mientras que en Argentina es del 4,6%, a pesar de que Israel ha sufrido atentados y conflictos bélicos, y nuestro país no ha atravesado guerras ni catástrofes naturales”.

Las bajas se produjeron por incumplimiento de requisitos, inasistencia a auditorías sin justificación y detección de documentación fraudulenta. Las auditorías, a cargo de médicos del PAMI y personal de la ANDIS, alcanzan a todas las pensiones otorgadas bajo la ley 13.478 y el decreto 432/97, con excepción de menores de edad y personas auditadas en 2024.

Adorni también criticó el rechazo en la Cámara de Diputados al veto presidencial sobre la ley de emergencia en discapacidad, al considerar que “el Congreso defendió este sistema corrupto que desvió fondos de todos los argentinos en favor de los amigos de la política”. Según el Ejecutivo, la creación de la nueva pensión implicará un gasto adicional de más de $2,1 billones en 2025 y más de $4,5 billones en 2026, sin contar el impacto en el Programa Incluir Salud.