Según fuentes oficiales, la intención es reordenar a una parte de los trabajadores en áreas vinculadas a obras públicas, transporte y tareas administrativas. Quienes no puedan ser reinsertados en la estructura estatal serán desvinculados progresivamente, bajo las condiciones establecidas por la ley de empleo público.

Desde el Ejecutivo explicaron que los trabajos que antes estaban bajo la órbita de Vialidad serán asumidos por los ministerios de Economía y Seguridad, y una nueva Agencia Nacional de Infraestructura y Transporte, aún en proceso de formación. El objetivo, argumentan, es mejorar la eficiencia operativa y terminar con lo que califican como «estructuras obsoletas, costosas y plagadas de corrupción».

La medida generó fuertes críticas por parte de los gremios del sector. La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines expresaron su rechazo y advirtieron que el cierre de Vialidad podría poner en riesgo el mantenimiento de rutas, especialmente en regiones alejadas donde no llegan las concesiones privadas.

También algunos gobernadores manifestaron su preocupación por el impacto que podría tener la medida en sus provincias, no solo desde el punto de vista de la infraestructura, sino también por la pérdida de empleos y la paralización de obras claves para el desarrollo local.