Integrantes y familiares de efectivos de distintas fuerzas federales se movilizaron este lunes frente a la sede central de la Gendarmería Nacional. El reclamo apuntó a la pérdida del poder adquisitivo y a las dificultades en las prestaciones de salud.

El deterioro de los salarios y los cuestionamientos al funcionamiento de la cobertura médica volvieron a generar malestar entre integrantes de las fuerzas de seguridad federales. Este lunes 24 de agosto se realizó una protesta frente al Edificio Centinela, sede central de la Gendarmería Nacional, en la Ciudad de Buenos Aires.

La convocatoria alcanzó a integrantes de la Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Servicio Penitenciario Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), con un reclamo centrado principalmente en una recomposición de los ingresos.

El conflicto se desarrolla en un escenario de pérdida acumulada del poder adquisitivo. Según un informe interno, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 los haberes de las Fuerzas Armadas registraron una suba del 139,03%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor acumuló un incremento del 219,14% durante el mismo período.

A los planteos salariales se sumaron las críticas por las prestaciones de las obras sociales vinculadas a las fuerzas. El malestar por los ingresos y la atención sanitaria ya había motivado durante abril una movilización de familiares, retirados y efectivos de las cinco fuerzas federales, también frente al Edificio Centinela.

La situación también despertó preocupación por la cantidad de agentes que dejan las instituciones o buscan actividades adicionales para complementar sus ingresos. La diputada nacional Agustina Propato, vicepresidenta de la Comisión de Defensa, sostuvo que el deterioro salarial habría generado alrededor de 19.000 bajas y señaló que una parte importante del personal militar y de seguridad percibe ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.

El reclamo adquirió además una dimensión particular por el malestar registrado dentro de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con la información publicada, oficiales de rangos intermedios del Ejército, entre ellos mayores y tenientes coroneles, habrían analizado la posibilidad de acompañar una acción conjunta con integrantes de Gendarmería y Prefectura. Una eventual participación de militares en actividad tendría características excepcionales debido a las restricciones disciplinarias que rigen para el personal.

Una recomposición salarial, bajo análisis

En medio de los reclamos, el Gobierno nacional evaluaría avanzar con una mejora salarial cercana a los $100.000, que sería distribuida en tres cuotas. Sin embargo, la alternativa es considerada insuficiente por sectores vinculados a las fuerzas debido a la pérdida de poder adquisitivo acumulada.

El planteo salarial también coincide con distintos programas de reequipamiento impulsados por el Ejecutivo para las fuerzas militares, una situación que alimentó cuestionamientos internos sobre la diferencia entre los recursos destinados a equipamiento y la evolución de las remuneraciones del personal.

En el Congreso, la situación salarial de las fuerzas también comenzó a generar iniciativas. El 12 de agosto ingresó a la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados un proyecto de resolución que expresó preocupación por la decisión de otorgar una suma fija remunerativa y no bonificable al personal militar y de las fuerzas de seguridad federales.

La protesta frente al Edificio Centinela volvió así a poner en primer plano un conflicto que combina reclamos salariales, dificultades en la cobertura sanitaria y preocupación por las condiciones laborales dentro de las fuerzas federales.