En una reunión discreta, el Gobierno y las universidades negociaron un aumento en las partidas destinadas al sector, que incluyó un incremento salarial del 24% para los docentes. Sin embargo, las conversaciones no prosperaron debido a una condición del Ejecutivo: las casas de estudio debían retirar la demanda judicial que aguarda la resolución de la Corte Suprema.

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se reunió con rectores del Consejo Interuniversitario Nacional en un encuentro que buscó destrabar el conflicto presupuestario. Este conflicto motivó la Marcha Federal del mes pasado.

Fuentes de ambos sectores confirmaron a este medio que la propuesta del Ejecutivo consistió en una recomposición salarial del 24,3%. Esta cifra abarca la pérdida del poder adquisitivo de parte de 2024, todo 2025 y el desfasaje de 2026 hasta mayo. El incremento se pagaría en dos tramos: un 21,3% en junio y el 3% restante en octubre.

Además, el acuerdo propuesto incluyó la conformación de una comisión técnica para trabajar sobre el período adeudado de 2024 y para garantizar negociaciones paritarias cada tres meses en el futuro.

La propuesta del Gobierno a las universidades y el punto que trabó las negociaciones

El Gobierno también ofreció un 50% de aumento para las becas Manuel Belgrano, un 20% de incremento para gastos de funcionamiento de las universidades y un fondo adicional de $50 mil millones para gastos de hospitales universitarios.

Las universidades, por su parte, esperan la convocatoria del Gobierno para acordar el nuevo criterio de distribución de la partida de más de $79 mil millones destinada a dichos hospitales. El congelamiento de estos fondos generó protestas y la advertencia de que la atención en los establecimientos corría peligro por falta de presupuesto.

Fuentes de la comunidad universitaria, que estuvieron al tanto de las conversaciones, consideraron que la propuesta del Ejecutivo es “razonable”. No obstante, la negociación se frustró con el pedido del Gobierno para que las casas de estudio retiren la demanda judicial que exige la ejecución de la Ley de Financiamiento sancionada por el Congreso.

La ley exige el cumplimiento de los aumentos en salarios y becas dispuestos en la Ley de Financiamiento de acuerdo al IPC. Esta cifra ronda los 2,5 billones de pesos y, según el Ejecutivo, atenta contra el superávit fiscal.

La negativa de los rectores a retirar la demanda judicial

Rectores universitarios insistieron a este medio que la demanda judicial no se retirará. “Eso no va a suceder de ninguna manera. No estamos dispuestos a hacerlo y no es modificable esa situación. Condiciones para avanzar hay, pero la pelota está del lado del Gobierno”, afirmaron.

Para las casas de estudio, la demanda funciona como un resguardo que no están dispuestas a perder. Además, sostienen que no existe consenso en la comunidad universitaria para acceder a esa condición. En su lugar, destacaron que la propuesta demuestra que el Gobierno cuenta con los recursos para solucionar el conflicto.

“Si hay voluntad de acordar, es bastante insólito que no lo hagamos. Hay condiciones para que eso ocurra”, subrayaron los rectores, con la expectativa de que el conflicto se resuelva esta semana.

Desde el Gobierno replicaron a este medio que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), conducido por Franco Bartolacci, no está dispuesto a ceder en el terreno judicial para no comprometer el apoyo de la comunidad. Cuestionaron que esa postura “lleve a todos a un conflicto sin solución”. Ambos sectores insisten en que, para llegar a un acuerdo, el otro tendrá que dar el brazo a torcer.