Mediante la Decisión Administrativa 20/2026, el Poder Ejecutivo oficializó una quita de $78.768 millones en partidas de la Secretaría de Educación. La normativa no solo recorta programas vigentes, sino que también bloquea el envío de fondos destinados a proyectos de infraestructura en las universidades nacionales.
 
Según los registros detallados en la planilla anexa de gastos de la administración nacional, el recorte más significativo recayó sobre el Plan Nacional de Alfabetización, el cual sufrió una baja de $35.288.051.713. Esta disminución presupuestaria afectó de manera fundamental las transferencias de fondos hacia las provincias para la ejecución del programa.
  
Asimismo, el Poder Ejecutivo nacional suprimió el Fondo de Compensación Salarial Docente de $8.929.835.294, el cual funcionaba como el instrumento encargado de nivelar los sueldos mínimos de los maestros en todo el territorio argentino.
 
Según detalla el anexo oficial, el Gobierno nacional aplicó una poda de $5.303.000.000 que afecta directamente los proyectos edilicios de 13 universidades nacionales.

Golpe a la infraestructura escolar y a las partidas universitarias
El área de infraestructura escolar y equipamiento sufrió un recorte de $21.686.636.818, lo que limita la inversión en las condiciones edilicias de los establecimientos. A su vez, el programa destinado a Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas perdió $6.649.536.538 de su presupuesto, una cifra que incluye la quita de más de $559.000.000 destinados específicamente a becas para los estudiantes.

La empresa estatal EDUC.AR Sociedad Anónima también se vio afectada al perder transferencias por un total consolidado de $48.000.000.000.

Según detalla el anexo oficial, el Gobierno nacional aplicó una poda de $5.303.000.000 que afecta directamente los proyectos edilicios de 13 universidades nacionales. El impacto más fuerte de esta reducción en infraestructura del conocimiento se localiza en la Universidad Nacional de La Plata, con una pérdida de $1.043.000.000.

El ajuste continúa con las universidades nacionales de General San Martín y Avellaneda, ambas con una quita de $700.000.000, además de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que pierde $680.500.000, y la Universidad Nacional de Entre Ríos, con una reducción de $540.000.000 en sus partidas.