El Gobierno nacional intentó un atajo judicial para defender la reforma laboral, pero la Corte Suprema de Justicia se lo negó este jueves. ¿Qué quería el Gobierno? Que el máximo tribunal del país interviniera directamente en la disputa, sin pasar por los juzgados y cámaras de instancias inferiores. A ese mecanismo se lo llama "per saltum", que en latín significa literalmente "de un salto": es un recurso excepcional que permite ir directo a la Corte cuando hay una situación de urgencia extrema o gravedad institucional muy grave.

La Procuración del Tesoro, el cuerpo de abogados que representa al Estado, había presentado ese recurso después de que varios jueces cuestionaran la validez de artículos clave de la llamada Ley de Modernización Laboral. Entre esas decisiones, la CGT había logrado una medida cautelar que frenó parte de la aplicación de la norma.

Sin embargo, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el pedido. Consideraron que no se daban las condiciones excepcionales que exige ese tipo de recurso y declararon "inadmisible" la presentación oficial, sin pronunciarse sobre si la reforma es o no constitucional.

¿Qué pasa ahora?

La causa continuará su camino por la vía judicial habitual. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ya ordenó que el expediente pase a ese fuero, donde se resolverá la discusión sobre la validez de la reforma.

Para el Gobierno, el fallo es un revés: no logró la definición rápida que buscaba y la incertidumbre sobre la vigencia plena de la ley sigue abierta.