Ante el retiro de la Nación en la asistencia a personas con discapacidad, la Provincia de Misiones implementará una nueva medida para sostener el funcionamiento de los centros. Se trata del programa “Régimen de beneficios para Centros y Establecimientos Categorizados como Prestadores de Servicios de Atención a Personas con Discapacidad”. 

A través del Decreto N.º 657, este programa cubrirá como subsidio el consumo de energía eléctrica, hasta 1000 kw mensuales; como también agua potable, hasta 9 metros cúbicos, desde el mes de mayo hasta diciembre de 2026. Será mediante transferencias directas a las prestatarias, entre ellas Electricidad de Misiones S.A. (EMSA), Servicios de Aguas de Misiones S.A. (SAMSA) y cooperativas de la provincia.

El gobernador Hugo Passalacqua informó esta medida a través de la red X e indicó que “como sabrán, la Nación retiró la ayuda a las personas con discapacidad. No hace falta que diga que es algo altamente sensible. En función de eso, hemos tomado la decisión de ayudarlos haciéndonos cargo la Provincia del consumo de energía y agua de todos los centros de asistencia y ayuda registrados que hay en la provincia”.

“Por supuesto, seguiremos insistiendo fuertemente  como siempre lo hicimos ante Nación para que vuelvan esos recursos a este sector de la sociedad”, señaló. 

El decreto precisa que podrán acceder al régimen los centros que cuenten con categorización vigente otorgada por el Ministerio de Salud Pública de la Provincia, y que acrediten que al menos el 60% de sus pacientes sean afiliados al Instituto de Previsión Social de Misiones (IPSM) o beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud.
Además, se establece que deberá existir coincidencia entre el domicilio de prestación del servicio y el registrado en la habilitación correspondiente, y se dispone la suspensión automática del beneficio ante irregularidades o vencimiento de las condiciones exigidas.La implementación quedará a cargo del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, en articulación con el Ministerio de Salud Pública, que actúa como autoridad de categorización.

La situación
En los considerandos del decreto se advierte que la falta de pago y la acumulación de deudas por parte del Estado nacional generan “una grave afectación en el flujo de fondos” y una “emergencia prestacional inminente”, poniendo en riesgo la continuidad de tratamientos esenciales.

En declaraciones realizadas la semana pasada, el mandatario había anticipado la decisión al señalar que “hace meses que el Ministerio de Salud de la Nación no les gira los fondos y se trata de espacios de alta sensibilidad”, y sostuvo: “vamos a hacernos cargo del consumo de luz y agua de estos centros como una forma de aliviar la carga y hacer sostenible una situación muy compleja”.

Asimismo, advirtió que el desfinanciamiento acumulado representa “una cifra importante, cercana a los 2.500 millones de pesos” y remarcó la necesidad de intervención estatal: “no podemos hacernos los distraídos. Hay que hacer un esfuerzo, sacar recursos de otros lugares y ponerlos donde más se necesitan”.