“Me cobraron 76 mil pesos”, relató Pintos, quien desde hace años asiste a las sesiones del Concejo Deliberante para realizar reclamos y pedidos de informes sobre la gestión local. Según explicó, había sido notificado de que el balance ya estaba disponible para retirar, pero al presentarse en el recinto se encontró con una condición inesperada. “Me entregaron una nota que dejó el presidente del Concejo Deliberante donde dice que primero tengo que pagar”, sostuvo. A partir de esa indicación, se dirigió a la Municipalidad, abonó el monto exigido y recién entonces recibió las copias del documento. De acuerdo a su testimonio, el cobro se justificó en la impresión de 88 hojas.

Sin embargo, el vecino cuestionó la medida al considerar que el acceso a este tipo de información no debería estar condicionado por un pago. “Para eso pagamos impuestos los vecinos. Si es público, se lo pueden entregar tranquilamente a cualquiera”, expresó. En la misma línea, advirtió sobre el impacto que puede tener este tipo de requisitos en otros ciudadanos: “No hay nada que estipule que se tenga que cobrar el balance. Si no, nadie puede tener acceso. Imagínate alguien que no tenga esta plata”.

Pintos aseguró además que consultó con distintas personas sobre la legalidad del cobro y que, según le indicaron, no correspondería exigir un pago para acceder a documentación pública. Aun así, decidió abonar el monto para poder acceder al material. “Como yo quiero acceder al balance, fui y pagué”, resumió.

El hecho se da en un contexto de conflicto previo entre el vecino y las autoridades del Concejo Deliberante. Días atrás, una sesión debió ser levantada en medio de un cruce, cuando Pintos insistía con sus pedidos de información sobre el uso de los recursos municipales. El propio vecino sostiene que su presencia genera incomodidad en el cuerpo legislativo, mientras que desde el oficialismo atribuyen la situación a una disputa de carácter político.

Por su parte, voces de la oposición también señalaron problemas en el funcionamiento del Concejo, cuestionando la falta de debate y de respuestas a los pedidos de informes. Las críticas apuntan al presidente del Concejo, quien tomó la decisión de levantar la sesión por la presencia de Pintos.

El episodio reabre el debate sobre las condiciones reales de acceso a la información pública en el ámbito local. Si bien desde el Concejo sostienen que los datos están disponibles, el caso plantea interrogantes sobre si ese acceso es verdaderamente garantizado cuando implica costos elevados para los vecinos.

La denuncia de Pintos suma así un nuevo capítulo a una relación tensa con las autoridades, y vuelve a poner en discusión los límites entre el derecho ciudadano a informarse y transparencia municipal.