Mariela Alejandra Da Silva (41) es madre de cuatro menores de edad. Años atrás sufrió una obstrucción medular que afectó sus hombros y columna vertebral, por lo que cuenta con certificado de discapacidad. Hace cuatro años reside en una vivienda precaria sin energía eléctrica ni agua potable, por lo que solicita ayuda para poder vivir en mejores condiciones en la localidad de Bernardo de Irigoyen. 

El reclamo se remonta hace cuatro años atrás, cuando en abril del año 2022 se mudó junto a sus hijas a una precaria vivienda ubicada en el barrio San Cayetano. “Vivo con mis hijas en una vivienda precaria que además de no tener servicios se llena de bichos, víboras y arañas peligrosas”, con estas palabras Da Silva describió la vivienda a la que accedió con autorización del Iprodha, ante la imposibilidad de alquilar otro lugar.  

En ese momento, decidió instalarse en la vivienda que se encontraba deshabitada hace un largo tiempo y en malas condiciones habitacionales: “Decidí limpiar, tramité la autorización para poder estar ahí y después me dijeron que el lugar no era de Iprodha, sino de una empresa de Posadas. Un día llegó la policía cumpliendo su labor, pidiendo que nos fuéramos y respondí que si no era por orden de desalojo no me iba a ir y le pedí al intendente un terreno -que por derecho me corresponde- por tener discapacidad y menores a cargo”, aseguró en diálogo con La Voz de Misiones.

“Pese a tener discapacidad igual trabajo porque me arriesgo, aunque hay días que no aguanto e igual sigo porque tengo cuatro menores estudiantes a cargo, de las cuales tengo muy buenas referencias para dar porque son muy estudiosas y educadas”, afirmó.

Sobre el reclamo, recordó: En varias oportunidades fui a pedir si me podían conectar luz provisoria y me dijeron que no, que lo que yo tenía que hacer era mudarme de ese lugar porque en cualquier momento se iba a poner fea la cosa”.

Tras cuatro años sin energía eléctrica ni agua potable, Mariela continúa a la luz de las velas y compra agua para el consumo personal o acude a la solidaridad de los vecinos. “En varias ocasiones durante tres años fui a hablar con el municipio para ver si podían darme al menos un panel solar o que me den luz provisoria y me dicen que no, que el lugar es privado, que ellos no pueden dar, que tampoco tienen terreno ni nada porque no hay plata en Irigoyen”.

Y concluyó: “Yo no estoy pidiendo mucho, el otro año empieza la política. Siempre dije que ellos no deberían estar solo para la campaña buscando ganar la confianza de la gente para tener más votos. Los políticos tienen que estar los cuatro años para que la gente de bajos recursos, humilde y trabajadora, pueda tener una vida digna”.

Una vida marcada por abusos, desarraigo y desigualdad

Mariela nació en Montecarlo y luego se crió en Posadas, donde a sus 2 años de edad sus padres la abandonaron junto a sus hermanos y terminó residiendo en un hogar en el que sufrió maltratos, abandonos y hasta una violación. Durante su adolescencia buscó a parte de su familia y la encontró en Bernardo de Irigoyen donde comenzó a estudiar y trabajar.

Con el correr de los años, optó por mudarse a Rosario de la Frontera, una localidad de la provincia de Salta, donde realizó trabajos rurales de temporada y luego reconstruyó parte de su vida tras escapar de una red de trata de personas que casi la ubica en un burdel de la región sudeste de Córdoba.

En ese pueblo se puso en pareja con un peón oriundo de Santiago del Estero y formó una familia, pero luego el hombre, que la sometía con episodios de violencia de género, desapareció.

Allí reinició su vida como bombera y fue la comisión de Bomberos de Rosario de la Frontera que decidió hacerse cargo de los costos para su regreso a Misiones en el año 2022, a modo de reconocimiento por su labor en esa división y, gracias a ello, pudo volver a Irigoyen, donde hasta el día de hoy continúa a la espera de una vivienda digna.

Fuente: La Voz de Misiones