La Justicia de Estados Unidos rechazó un planteo de la Procuración del Tesoro de Argentina que buscaba suspender el proceso de discovery presentado por los demandantes en el marco del juicio por la expropiación de la petrolera estatal YPF. Los abogados del Estado argumentaban que están a la espera de una apelación presentada contra el fallo que condenó al país por u$s16.100 millones. Pero la jueza a cargo denegó el pedido.

La representación argentina ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York solicitó a Loretta Preska, magistrada a cargo de la causa, que frene el procedimiento mediante el cual se listarán los posibles activos estatales embargables en el juicio iniciado por el fondo Burford. El planteo esgrimido por la defensa en la presentación indicaba que era improcedente avanzar con el discovery hasta tanto la Corte de Apelaciones no resuelva sobre la cuestión de fondo ya que un escenario posible es que la condena sea anulada.

Pero Preska comunicó su rechazo al pedido argentino. “Una suspensión de última hora perjudicaría sustancialmente a los demandantes, quienes han estado buscando diligentemente el cobro de una sentencia de $16.100 millones no suspendida durante más de dos años. El proceso de discovery sigue siendo sustancialmente incompleto en las categorías que la República ha acordado presentar", señaló.

La magistrada argumentó que hace dos años la Argentina desaprovechó la oportunidad que tuvo de pedir una suspensión, la cual debió realizarse previo al depósito de garantías. Y afirmó que tampoco está claro que el país pueda tener un resultado favorable en la apelación.

Asimismo, negó que el proceso de Discovery pueda llegar a generar “daños irreparables” al país. Mientras que una suspensión “recompensaría años de incumplimiento e incentivaría a futuros litigantes a seguir el camino de la República”.

Demandantes piden sanciones contra Argentina por YPF

Mientras tanto, el mes pasado los fondos Petersen y Eton Park presentaron un escrito ante la jueza para que el país sea declarado en desacato y sancionado por supuestas demoras en la entrega de comunicaciones oficiales exigidas por la corte.

El reclamo también está vinculado a un proceso de discovery del caso sobre correos electrónicos y mensajes de funcionarios actuales y anteriores. Los demandantes aseguran que ciertos funcionarios no cumplieron con toda la documentación solicitada y sostienen que eso justifica sanciones adicionales.

Desde la Procuración del Tesoro, la defensa oficial rechaza tajantemente la acusación de desacato: aseguran que el país está cumpliendo con las decisiones judiciales vigentes y que ningún castigo puede aplicarse antes de que se ejerza completamente el derecho a defensa.

El conflicto traza su origen en la sentencia de primera instancia que condenó a la Argentina a pagar u$s16.100 millones más intereses por la expropiación de YPF, fallo que los demandantes obtuvieron en 2023 ante Preska.

El Gobierno, por su parte, busca frenar esta ofensiva con una apelación que considera central para su estrategia de defensa, mientras la disputa se mastica entre tecnicismos jurídicos y reclamos de soberanía.

En paralelo, los fondos han advertido que podrían avanzar con multas, presunciones adversas e incluso pedir cronogramas específicos para tratar el desacato si no obtienen la información solicitada.

El BCRA y las reservas de oro, en la mira de los demandantes de YPF

Más allá del intercambio de escritos, los querellantes intentan demostrar que entidades como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas funcionan como ‘alter ego’ del Estado argentino, lo que abriría la puerta a embargos sobre activos de estas instituciones para cobrar la sentencia. El Gobierno rechaza esta interpretación y denuncia un intento de hostigamiento contra un Estado soberano.

En el marco del proceso de discovery, y ante el pedido de los demandantes de conocer el paradero de las reservas de oro del Banco Central, Argentina respondió por escrito que no posee conocimiento sobre la información solicitada. La declaración fue presentado por el secretario de Legal y Técnica del Ministerio de Economía, a pedido expreso de la Justicia estadounidense.

Además, el Estado argentino reiteró que las reservas del Banco Central gozan de inmunidad soberana y no están sujetas a ejecución ni en Estados Unidos, ni en la Argentina, ni en ningún otro país, independientemente de los pedidos de discovery formulados por los demandantes. Y argumentaron que, debido a que el BCRA es una entidad independiente, no tienen información sobre el paradero de las reservas.