El Gobierno nacional anunció que firmará un Decreto de Necesidad y Urgencia para declarar la Emergencia Ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, en respuesta al avance de los incendios forestales y al reclamo de los gobernadores patagónicos.

La medida fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de sus redes sociales. Según fuentes oficiales, la decisión se tomó tras una reunión de la mesa política en la Casa Rosada, en la que se evaluó la situación en el sur del país y la necesidad de agilizar recursos para el combate del fuego.

El anuncio se produce además en medio de las negociaciones entre el Gobierno y los mandatarios provinciales por la reforma laboral, iniciativa que el Poder Ejecutivo busca tratar durante las sesiones extraordinarias previstas para febrero.

El reclamo de las provincias
Los gobernadores patagónicos habían solicitado al Congreso el tratamiento urgente de una ley de Emergencia Ígnea al advertir que la magnitud de los incendios y el impacto de la crisis climática requieren herramientas adicionales para enfrentar la emergencia y asistir a las comunidades afectadas.

La reunión en Casa Rosada
El encuentro fue encabezado por Adorni y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y contó con la participación de la jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien intervino de manera virtual.

Refuerzo para bomberos voluntarios
En paralelo, el Ministerio de Seguridad dispuso la asignación de $129.244 millones para fortalecer el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, con foco en equipamiento, funcionamiento, capacitación y fiscalización.

Desde la cartera que conduce Alejandra Monteoliva señalaron que la medida se adopta ante los desastres de gran magnitud registrados durante el último año y los previstos para el actual, que obligan a reforzar la capacidad operativa del sistema de protección civil.

La resolución establece la distribución de $100.810.319.998,50 entre 1.062 asociaciones de bomberos voluntarios, destinados a la compra de equipamiento, materiales operativos, elementos de protección personal, vestuario técnico y otros insumos esenciales para la lucha contra el fuego y las tareas de asistencia a la población.