La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) realizó una presentación formal ante la Corte Suprema solicitando el cese inmediato de las funciones de un grupo de jueces que, en paralelo a su labor en la magistratura, integran los tribunales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El escrito, dirigido al presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, advierte que esta doble función “vulnera el régimen de incompatibilidades vigente” y compromete la independencia judicial.

El reclamo cobra mayor gravedad por el contexto que atraviesa la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia. La AFA se encuentra actualmente rodeada de investigaciones judiciales, desde denuncias por presuntos testaferros y ocultamiento de bienes, hasta la reciente acusación de la agencia de recaudación ARCA por la apropiación indebida de recursos tributarios, lo que genera un escenario de alta tensión institucional.

Entre los magistrados señalados figura Sergio Fernández, juez de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que resuelve demandas contra el Estado. Fernández es hermano de Javier Fernández, auditor general de la Nación y operador judicial histórico. Otro nombre de peso en la lista es el de Néstor Barral, quien desde 2020 se desempeña como camarista federal de San Martín.

La nómina de funcionarios judiciales con cargos en la calle Viamonte incluye también a Martín Peluso, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 9 de la Ciudad. Asimismo, se menciona a Esteban Mahiques, funcionario de Cancillería e hijo del juez de Casación Carlos Mahiques, una familia con fuerte presencia en el Poder Judicial, incluyendo a su hermano Juan Bautista, fiscal general porteño.

El Tribunal de Disciplina de la AFA es presidido por Fernando Mitjans, esposo de Marcela Losardo, ex ministra de Justicia de la Nación. Para la ACIJ, el desempeño de estas figuras en los órganos del fútbol implica una “duplicación de tarea” (analizar expedientes y dictar sanciones) en el ámbito privado, algo que estaría vedado por el decreto 1285/58 que exige dedicación exclusiva.

Según argumentan, se pone en riesgo el principio básico de independencia que deben garantizar los magistrados, generando una zona gris que la Corte Suprema debe esclarecer. Esto, explican, es señalado debido a que se involucró una estructura privada que se ve interpelada por intereses económicos y políticos.

Falta de permisos y beneficios “invisibles”

La presentación subraya que, incluso si no se considerara una actividad profesional, el Reglamento para la Justicia Nacional prohíbe a los jueces integrar órganos con poder de decisión en asociaciones civiles sin autorización expresa de la Corte. Según relevó la ACIJ, no existen registros de que los magistrados involucrados hayan obtenido dicho permiso, por lo que su actuación en la AFA sería irregular desde el punto de vista administrativo.