Una trabajadora de la salud de 44 años de la localidad de Hipólito Yrigoyen, madre de dos niños de 6 y 9 años, atraviesa actualmente un verdadero calvario a causa de los reiterados y constantes episodios de violencia verbal, física y manipulación emocional que sufre por parte de su pareja. Hechos que la llevaron, tras 12 años de relación y tras un último episodio ocurrido el pasado 8 de julio, a denunciar civil y penalmente a su concubino. Justamente, durante el último hecho grave de violencia que sufrió, el acusado estuvo varios días prófugo y con orden de detención vigente.

Aunque después, la Justicia le concedió un beneficio de exención de prisión bajo caución real que lo hizo presentarse en libertad a la indagatoria, instancia en donde el juez dispuso que continúe en libertad posterior a su declaración, dejando a la víctima muy preocupada por su seguridad.

Desde el momento en que hizo pública su situación ante la Policía, y más allá de haber expuesto detalladamente todos sus padecimientos en su declaración testimonial en sede judicial, desde el entorno de la denunciante entienden que la Justicia no atendió como corresponde los distintos planteos expuestos por la víctima. Y por ello, exigen que se la escuche y se le garantice las distintas medidas de protección.

Mediante la representación legal de la abogada Camila Korol, quien forma parte de la causa a través de la figura de querellante particular, la denunciante busca visibilizar lo ocurrido y exponer ciertas cuestiones que la dejaron desprotegida ante la denuncia por hechos de violencia de género.

Justamente, la letrada interviniente en representación de la víctima presentó distintos pedidos ante el Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América para que se cambie la carátula de la causa, que actualmente está definida como “amenazas”. Es decir, que se investigue el caso por las figuras de homicidio en grado de tentativa agravado por el vínculo y por el contexto de violencia de género, daños, amenazas agravadas, hurto agravado, violación de domicilio, tenencia y portación ilegítima de arma de fuego.

Según se expone desde el lado de la denunciante, esta última vivió durante los últimos años en un contexto permanente de hostilidad, maltrato psicológico y desvalorización constante de su persona como mujer y madre. Y que, en ese contexto, es víctima de violencia de genero sistemática, que afecta notoriamente su dignidad, bienestar, y en ocasiones su integridad física a través de gritos, insultos, amenazas perpetradas delante de los dos hijos que tienen en común quienes sufren violencia vicaria.

Escalada de furia

De acuerdo a lo narrado por Korol, la denuncia ante la Policía se radicó tras los hechos ocurridos el pasado 8 de julio en la casa que compartía la pareja en Hipólito Yrigoyen. Luego de distintos comentarios ofensivos y denigrantes hacía la mujer, el hombre comenzó a recriminarle una supuesta insinuación por parte de su pareja a un trabajador de la carpintería que tiene el hombre en el mismo predio, lo que derivó en un cruce de palabras que enfureció al acusado.

En medio de gritos e insultos, el hombre comenzó a romper platos y otros objetos de la casa, ante la atenta mirada de uno de los hijos de la pareja. “Si vos no vas a llamar a la Policía, voy a ir y te voy a denunciar a vos y hasta tus hijos vas a perder, olvídate de todo porque yo te voy hacer desaparecer”, habría afirmado el acusado.

En un intento por pedir ayuda, la dueña de casa tomó su celular y llamó al número de la comisaría local que ya previamente tenía agendado, pero en medio del forcejeo y las agresiones que habría recibido por parte de su pareja, dejó el celular en alta voz para que efectivos policiales, al escuchar los gritos, fueran y la asistan. Aunque para mala fortuna, esa llamada se cortó. Y unos segundos después, desde la comisaría devolvieron la comunicación, lo que habría ocasionado que el agresor, al ver que era la Policía la que que llamaba se escape del lugar en el vehículo de esta última.

Asustada y por el miedo a que pudiera volver, la denunciante decidió cargar algunas de sus pertenencias y en un remís, junto a sus dos pequeños, decidió ir en plena madrugada a la Comisaría de la Mujer de Jardín América en donde expuso todo lo ocurrido a los oficiales. Pero en medio de su exposición, el hombre se comunicó con la mujer y le envió una imagen de una de las ventanas de su casa prendiéndose fuego. “Dónde estas, volvé ya o voy a prender fuego la casa, voy hacerte videollamada con la casa prendida fuego”, habría amenazado el acusado, sobre quien horas después se dispuso una orden de detención.

Esa misma madrugada, cuando una comisión policial fue a intentar detener al hombre, éste desde el interior de la casa con la puerta cerrada dijo que al otro día voluntariamente se entregaría ante la Policía, cuestión que no sucedió hasta que se le otorgó la exención de prisión.

Por si fuera poco, la denunciante narró que, en medio de la búsqueda de su agresor, inclusive teniendo en su casa custodia policial, una persona se presentó en su domicilio trayéndole un mensaje de su pareja, quien le pedía que retire la denuncia en su contra. Lo que fue claramente otro acto de coacción por parte del acusado.

“El caso podría encuadrarse en delitos gravísimos, los cuales hemos pedido se califiquen correctamente, además de que los mismos ocurrieron en un contexto de violencia de género lo cual fue ignorado por el sistema, estando obligado a resolver teniendo en cuenta la perspectiva de género, pero lamentablemente el tratamiento judicial que ha tenido hasta ahora no se condice con esa gravedad, es más los derechos de la víctima fueron vulnerados siendo sólo este juzgado expedito con las solicitudes de la defensa del imputado”, remarcó la abogada de la denunciante.

“Impulsamos todas las medidas necesarias, y sin embargo no han sido resueltas. Pero la causa presenta signos evidentes de retardo en la administración de justicia para con la víctima, resolviendo de manera expedita a favor del imputado, hasta incluso dando un beneficio de exención de libertad carente de fundamentos. Algunas resoluciones carecen de fundamentos jurídicos sólidos y vulneran principios básicos”, recalcó Korol.


Fuente: El Territorio