Las dificultades para completar los estudios, la desvinculación escolar y las situaciones de consumo aparecen entre los principales aspectos identificados en un relevamiento sobre niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal en Misiones. El estudio reúne información de quienes fueron atendidos en los Cemoas de Posadas, Oberá, Eldorado y Puerto Rico, y permite conocer sus características y las necesidades de acompañamiento institucional.

El informe ‘Caracterización y análisis de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal en la provincia de Misiones’, elaborado por el Observatorio Provincial de Drogas, dependiente de la Secretaría de Estado de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, analiza los registros acumulados desde 2021 hasta septiembre de 2026. La tabla de distribución por localidades consigna un total de 1.634 participantes: 1.316 en Posadas, 236 en Oberá, 55 en Eldorado y 27 en Puerto Rico.

Uno de los principales resultados corresponde a la situación educativa. Según el documento, el 70% de los participantes registra algún nivel de estudios incompleto. Del conjunto relevado, el 43% tiene secundaria incompleta y el 27% primaria incompleta. Ambos porcentajes conforman el indicador general y muestran el peso de las trayectorias educativas que todavía no alcanzaron la finalización de esos niveles.

El relevamiento también identificó un 23% en la categoría de no escolarizados, un 5% con primaria completa y un 2% con secundaria completa. Estos indicadores permiten distinguir el nivel educativo registrado de la asistencia escolar al momento del relevamiento, que se analiza por separado.

Situación educativa
La información sobre escolarización actual muestra porcentajes elevados de adolescentes que no asisten a establecimientos educativos en los cuatro dispositivos. En Posadas, el 68% figura como no escolarizado; en Oberá, el 64%; en Puerto Rico, el 56%; y en Eldorado, el 77%.

En contrapartida, los porcentajes de participantes escolarizados son del 32% en Posadas, 36% en Oberá, 44% en Puerto Rico y 23% en Eldorado. La comparación muestra diferencias territoriales, aunque en todas las localidades predomina la población que no se encuentra escolarizada.

En cuanto a los niveles educativos finalizados, apenas el 5% de los participantes completó la primaria y sólo el 2% terminó la secundaria. Estos porcentajes contrastan con el 43% que registra estudios secundarios incompletos y el 27% que no finalizó la primaria, según los datos del Observatorio Provincial de Drogas.

En el informe se identifica la continuidad educativa como una de las dimensiones prioritarias para fortalecer las intervenciones institucionales. En ese marco, durante 2026 se implementó un Espacio Pedagógico en el Cemoas de Posadas, como respuesta a las necesidades educativas detectadas entre los adolescentes atendidos.

Perfil adolescente
La distribución por edades evidencia una concentración en el tramo de 15 a 17 años, que representa el 85,2% de los participantes según el análisis del Observatorio Provincial de Drogas.

El grupo más numeroso corresponde a los adolescentes de 17 años, con 745 registros y una participación del 45,6%. Le siguen quienes tienen 16 años, con 400 registros, equivalentes al 24,5%, y los de 15 años, con 249, que representan el 15,2%. Entre los participantes de menor edad, el documento contabiliza 213 registros correspondientes al tramo de 12 a 14 años y 29 de menores de 12 años.

En cuanto a la distribución por sexo, hubo 1.500 varones ingresados, equivalentes al 91,8%, y 134 mujeres, que representan el 8,2%. Estos valores reflejan una marcada predominancia masculina entre quienes pasaron por los dispositivos provinciales. Otra de las variables examinadas corresponde a las situaciones de consumo. En la distribución general presentada por el informe, el 53% de los participantes registra una situación de consumo, mientras que el 47% figura sin consumo.

Los porcentajes presentan diferencias entre localidades. Puerto Rico registra el valor más elevado, con el 86%, seguido por Oberá, con el 67%. En Posadas, el indicador alcanza el 52%, mientras que Eldorado presenta el porcentaje más bajo, con el 30%.

En la misma línea, el informe señaló que estas diferencias deben analizarse teniendo en cuenta las características de la población atendida, las modalidades de ingreso y derivación, así como las estrategias de detección y registro utilizadas en cada dispositivo.

También adviertió que la presencia simultánea de situaciones de consumo, trayectorias educativas discontinuas y conflictos con la ley penal no permite establecer relaciones causales a partir de la información disponible. Sin embargo, considera que estas dimensiones requieren respuestas coordinadas.

Expansión territorial
La red provincial de Cemoas comenzó a funcionar en 2021 con la puesta en marcha del primer dispositivo en Posadas. En 2022 se incorporó Oberá, en 2023 Eldorado y en 2024 Puerto Rico, en un proceso de ampliación de la cobertura institucional.

La distribución territorial de los registros muestra una marcada concentración en la capital provincial. Posadas reúne 1.316 participantes, mientras que Oberá contabiliza 236, Eldorado 55 y Puerto Rico 27 durante el período analizado.

Los dispositivos desarrollan intervenciones de recepción, evaluación, asistencia, derivación y seguimiento de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal. El modelo contempla tanto situaciones que requieren estadía como otras abordadas mediante acompañamiento sin permanencia en las instalaciones.

En ese sentido, el informe destacó que la intervención institucional no se limita a la situación penal que motiva el ingreso, sino que incorpora una evaluación de las condiciones de vida, los vínculos familiares y comunitarios y las necesidades educativas, sanitarias y sociales de cada participante.

En sus conclusiones, el Observatorio Provincial de Drogas plantea la necesidad de consolidar la red provincial, fortalecer la articulación entre organismos y mejorar los sistemas de información para realizar un seguimiento de las trayectorias de los adolescentes.

El relevamiento constituye, además, una base para futuras mediciones sobre las características de la población atendida y los resultados de las intervenciones, con el objetivo de orientar políticas públicas de educación, prevención, acompañamiento familiar e inclusión social.