La incertidumbre sobre el desarrollo del calendario académico volvió a instalarse en las universidades nacionales. Tras un nuevo paro docente de 24 horas del lunes último, los gremios anticiparon que podrían endurecer las medidas de fuerza y advirtieron que el comienzo del segundo cuatrimestre peligra si el gobierno nacional no convoca a paritarias y no avanza con la recomposición salarial.

Desde la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Adunam) señalaron que el plan de lucha podría profundizarse tras el congreso nacional de Conadu Histórica previsto para mañana, en el que las asociaciones de base definirán las medidas para el resto del año.

“No está garantizado el normal inicio del segundo cuatrimestre”, advirtió el secretario gremial de Adunam, Rubén Stasuck. Explicó que entre las alternativas que analizarán las federaciones figuran paros progresivos, medidas conjuntas con otros gremios universitarios e incluso un paro por tiempo determinado que afecte el comienzo de las actividades académicas.

El principal reclamo continúa siendo la recuperación del poder adquisitivo de los docentes universitarios. Según Stasuck, las negociaciones salariales formales permanecen prácticamente paralizadas desde octubre de 2024.

Si bien a comienzos de junio algunas federaciones firmaron un acuerdo que otorgó un incremento del 21,3%, el dirigente sostuvo que esa actualización “está muy lejos” de recomponer los salarios.

“Necesitamos un 28,5% sobre los haberes de junio solamente para recuperar el salario que teníamos en 2023. No estamos hablando de aumentarlo, sino de volver al punto de partida”, afirmó.

Además del aspecto salarial, los gremios reclaman la actualización del presupuesto universitario y de las becas estudiantiles, como Progresar y Belgrano, cuyos montos consideran “totalmente rezagados” frente al aumento del costo de vida.

Corte Suprema ratificó la cautelar
En medio del conflicto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) informó -durante junio pasado- que la Corte Suprema de Justicia dejó firme la medida cautelar obtenida por las universidades nacionales, por lo que deberán aplicarse los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario.

La resolución judicial obliga al Estado nacional a garantizar el pago de la totalidad de los salarios adeudados a docentes y nodocentes, además de las becas estudiantiles contempladas en la normativa.

Desde el CIN calificaron la decisión como “un avance institucional de enorme trascendencia”, al considerar que ratifica la legitimidad del reclamo impulsado por el sistema universitario y representa un respaldo judicial a la defensa de la universidad pública.

La crisis golpea a estudiantes
Mientras el conflicto salarial continúa sin resolverse, las universidades comienzan a registrar un fenómeno que preocupa tanto a docentes como a autoridades: el incremento del desgranamiento estudiantil.

Stasuck explicó que si bien todos los años existe una disminución natural de la matrícula durante el primer semestre, la actual situación económica agravó considerablemente ese proceso.

“Hay un desgranamiento significativo. En algunas universidades se siente más que en otras y también depende de cada facultad, pero hoy estamos en una situación mucho peor”, señaló.

El dirigente indicó que las dificultades económicas de las familias obligan a muchos estudiantes a priorizar el trabajo por sobre la cursada o directamente abandonar sus estudios.

“La situación económica ya no afecta solamente al estudiante. También impacta sobre las familias, que muchas veces ya no tienen los recursos necesarios para sostener la continuidad de una carrera universitaria”, remarcó.

Ese escenario, advirtió, provoca trayectorias académicas truncas y amenaza con profundizar el abandono si el conflicto universitario se extiende durante el segundo cuatrimestre.