Los pequeños productores yerbateros avanzan con un proyecto de ley de emergencia que busca amortiguar los efectos de la desregulación del mercado tras las modificaciones introducidas por el DNU 70/2023 a la Ley del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). La propuesta ya fue presentada a legisladores misioneros, quienes comenzaron a analizar el texto junto a sus equipos técnicos.

El abogado Federico Padolsky, quien asesora a los productores, explicó que la iniciativa parte de la necesidad de encontrar una herramienta provincial que proteja al sector primario luego de que el INYM perdiera la facultad de fijar el precio de la materia prima.

"El DNU cambió el objeto del INYM y dejó de tutelar los derechos de la producción primaria. Nos preguntamos si esos derechos habían desaparecido y la respuesta es que no, porque están protegidos por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y los tratados de derechos humanos", sostuvo.

En ese sentido, argumentó que la Provincia cuenta con facultades constitucionales para intervenir en defensa de sus economías regionales. "Las provincias conservan todas las facultades no delegadas expresamente a la Nación, entre ellas la protección de las economías regionales y la promoción del desarrollo económico", afirmó.

Precio mínimo para pequeños productores

Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación de un precio mínimo sostén para la hoja verde destinado exclusivamente a productores con explotaciones de hasta 50 hectáreas.

Padolsky explicó que la medida apunta a equilibrar una relación comercial desigual entre pequeños productores y grandes compradores.

"Hoy un productor que tiene que vender 30 toneladas al año no puede negociar en igualdad de condiciones con operadores que manejan cientos de millones de kilos. Queda a merced de un mercado donde no puede imponer condiciones", señaló.

Según indicó, el valor que actualmente recibe el productor se encuentra muy por debajo de los costos reales de producción.

"Si están pagando 200 o 220 pesos por kilo de hoja verde y el costo de producir supera los 470 pesos, hay una apropiación de la propiedad privada del productor", advirtió al tiempo que agregó la situación también impacta sobre los tareferos, ya que "su propiedad privada es su salario y hoy también quedan sujetos a esas condiciones del mercado".

El proyecto plantea declarar la emergencia yerbatera por el plazo de un año y designar al Poder Ejecutivo provincial como autoridad de aplicación, con facultades para implementar mecanismos de fiscalización y garantizar el cumplimiento de la norma.

"La ley establece formas de fiscalización y le otorga al Poder Ejecutivo las competencias necesarias para definir el precio mínimo sostén, siempre tomando como referencia los costos de producción", explicó.

Asimismo, remarcó que el valor no sería fijado de manera arbitraria. "No es un precio caprichoso. Debe contemplar el costo de producción, la tarifa del tarefero, el flete, las cargas sociales y una utilidad que permita la reproducción de la unidad económica", precisó.

El proyecto continúa en análisis

Padolsky confirmó que la iniciativa ya fue presentada en una reunión realizada con funcionarios provinciales y legisladores. "Expusimos los fundamentos jurídicos del proyecto y entregamos toda la documentación. Los diputados se comprometieron a trabajarlo con sus equipos y podrán realizar las modificaciones que consideren necesarias", indicó.

Reconoció además que todavía quedan aspectos por definir, como el mecanismo para identificar a los productores alcanzados por la norma. "Esto todavía se está trabajando. La agenda continúa con los legisladores y también con el Poder Ejecutivo para resolver todos esos interrogantes", expresó.

Para el abogado, la crisis actual trasciende la discusión sobre el precio de la hoja verde y abre un debate sobre el modelo productivo de Misiones.

"Esta crisis tiene que poner en diálogo a toda la provincia para pensar qué modelo yerbatero y qué modelo de provincia necesitamos", sostuvo. También manifestó preocupación por el avance de la concentración y la extranjerización de las tierras rurales.

"En los años noventa muchos productores terminaron vendiendo sus chacras y eso generó una fuerte expulsión de las familias agrarias hacia las zonas periurbanas. Es un proceso que no queremos volver a repetir", concluyó.