En el salón del Bicentenario de Aristóbulo del Valle se concretó este jueves 16, una reunión yerbatera del que participaron productores, tareferos y prestadores de servicio. Allí “se acordó avanzar con un proyecto de ley de emergencia yerbatera y organizar un plan de lucha lo más rápido posible” afirmó el presidente de la Asociación Civil Impulso Yerbatero, Jorge Skripczuk.

La convocatoria estuvo centrada en el análisis de los resultados de la reunión concretada el pasado miércoles 8 de julio en Buenos Aires. En esa oportunidad, el ministro de Desregulación y Transformación de la Nación, Federico Sturzenegger acompañados por funcionarios de su cartera junto al diputado provincial y presidente de La Libertad Avanza Misiones, Adrián Núñez dejaron una vez más en claro que no habrá cambios ni marcha atrás en el sistema de desregulación aplicado al sector yerbatero como tampoco no habrá cambios, a los efectuados al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).

De acuerdo a Skripczuk, el panorama es “muy complejo”, por lo que se decidió avanzar en esas medidas extremas. Del encuentro participaron representantes de las zonas productoras como de San Vicente, Aristóbulo del Valle, Salto Encantado, Guaraní, Oberá y Andresito.

Un documento que había sido elevado a las autoridades nacionales indicaba que la producción primaria atraviesa la crisis más profunda de las últimas décadas. “El precio pagado por la hoja verde se ubica en torno a los $ 200 por kilogramo, valor que no sólo resulta insuficiente para cubrir los costos de producción informados por los propios organismos técnicos y entidades representativas del sector, sino que además compromete seriamente la continuidad económica de miles de explotaciones familiares”.

Del encuentro de este jueves estuvieron además presentes Roberto Ferreira por el sector de la producción y Ricardo Maciel, subsecretario de Asuntos Yerbateros de la provincia.

Un referente del Sindicato de Tareferos de Jardín América (Sitaja) planteó en el encuentro “un panorama desolador”, añadió Skripzuk, en referencia a los efectos provocados desde hace más de dos años cuando el presidente Javier Milei puso en vigencia el DNU 70/2023. En el documento elevado a la Nación, habían concluido desde el sector en la provincia que “la evidencia empírica demuestra que la política de desregulación no produjo un mercado más eficiente, sino una profunda transferencia de ingresos desde la producción primaria hacia otros eslabones de la cadena, sin que ello se tradujera en un beneficio equivalente para el consumidor”.

Añade el escrito se planteaba “una caída significativa de la producción de hoja verde, una retracción del consumo interno, una drástica reducción de los ingresos de la producción primaria y una creciente concentración del poder económico dentro de la cadena yerbatera”, es lo habían indicado en el documento que llevó Ferreira a Buenos Aires, intentando una vez más sin éxito, hacer entender a las autoridades nacionales las consecuencias de la desregulación yerbatera.

Concluyeron  que al mismo tiempo, no existen evidencias equivalentes que permitan concluir que la reducción sufrida por el precio de la materia prima, haya sido trasladada, en la misma magnitud, al consumidor argentino”.