La investigación que derivó esta semana en la detención de un maestro de nivel primario de Posadas por presuntos abusos sexuales contra estudiantes no sería un capítulo aislado en su historial. Al contrario, el sospechoso ya había sido denunciado por los mismos delitos hace casi diez años.

Según consta en las actuaciones judiciales, Pedro N., el hombre de 55 años que fue detenido el martes 23 de junio en el barrio San Onofre, había sido denunciado en 2015 por una serie de conductas que entonces fueron encuadradas como abuso sexual simple. Entre los hechos señalados en aquella oportunidad figuraban tocamientos, comentarios de contenido sexual, expresiones obscenas y otras conductas inapropiadas hacia menores.

Las acusaciones que motivaron su reciente detención, que estuvo a cargo de la Dirección Investigaciones Complejas de la Policía de Misiones, tendrían características similares. De acuerdo con las denuncias radicadas en junio, los episodios investigados estarían vinculados a abusos cometidos dentro de la escuela en el mes de abril y con más de una víctima. 

Fuentes judiciales consultadas indicaron que la causa iniciada en 2015 tuvo distintos avances procesales. Hasta que, en 2018, el entonces titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, César Yaya, resolvió dictar la falta de mérito para el imputado.

Dos años después, en 2020, el expediente concluyó con el sobreseimiento de Pedro N., decisión firmada por el actual juez de ese juzgado (que es, además, quien está a cargo de la actual investigación), Juan Manuel Monte.

Tras esa resolución judicial, el docente continuó desempeñándose en el mismo establecimiento educativo de la capital. Hasta que nuevas denuncias impulsaron una nueva investigación penal y derivaron en su arresto esta semana.

Mientras este grave antecedente se conocía, la institución educativa adventista donde trabajaba el acusado emitió ayer un comunicado al que accedió El Territorio, asegurando que “se actuó de manera inmediata, implementando las medidas administrativas correspondientes” apenas tomaron conocimiento de los hechos denunciados.

En ese documento, las autoridades afirmaron que “la protección y el bienestar de nuestros estudiantes constituyen una prioridad absoluta” y señalaron que se activaron “de manera inmediata los protocolos correspondientes”. Según esa declaración, el colegio adventista ubicado sobre avenida Santa Catalina de la capital instruyó un sumario interno y radicó una denuncia penal como organización educativa. 

Asimismo, informaron que, como consecuencia de las actuaciones realizadas y “atendiendo a la gravedad de los hechos denunciados”, se resolvió “la desvinculación inmediata del docente involucrado”, al tiempo que ratificaron su disposición para colaborar con la Justicia en el esclarecimiento del caso.