Desde la institución señalaron que los casos “ya fueron oportunamente analizados y resueltos dentro del marco legal vigente” y remarcaron que las decisiones administrativas fueron notificadas mediante las instancias institucionales, administrativas y judiciales correspondientes.

En el escrito, la fuerza sostuvo que las desvinculaciones no respondieron a “hechos aislados ni de escasa entidad”, sino a una evaluación integral de conductas que —según indicaron— pusieron “en riesgo la estabilidad institucional, el funcionamiento del sistema de seguridad y la confianza pública depositada en la institución”.

Además, remarcaron que quienes integran la Policía están sujetos a un régimen institucional específico y a exigencias particulares vinculadas al ejercicio de la función pública de seguridad, las cuales “fueron deliberadamente inobservadas e infringidas” por los involucrados.

El comunicado también sostiene que las presentaciones realizadas por los ex efectivos “ya fueron atendidas y respondidas formalmente por el Estado provincial”, por lo que consideran que los reclamos actuales “carecen de novedad y sustento jurídico”.

Finalmente, desde la Policía afirmaron que el ingreso o eventual reincorporación a la fuerza “no depende de manifestaciones públicas ni mecanismos de presión”, sino de los procedimientos establecidos legalmente y de las decisiones adoptadas por las autoridades competentes.