La investigación judicial contra Manuel Adorni sumó este jueves nuevas medidas impulsadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien busca profundizar el análisis patrimonial del funcionario y de su esposa, Bettina Angeletti.

Entre los pedidos realizados por la fiscalía se encuentran informes a entidades bancarias, compañías de seguros y empresas proveedoras de servicios de activos virtuales, con el objetivo de determinar si el matrimonio posee cuentas, tarjetas o movimientos vinculados a criptomonedas. Según trascendió, la Justicia detectó operaciones por miles de dólares en criptoactivos que no habrían sido declaradas y ahora intenta reconstruir el origen y la trazabilidad de esos fondos.

Además, la causa también avanzó sobre distintos viajes realizados por la pareja. Pollicita solicitó información a una agencia de turismo para conocer cómo fue abonado un vuelo de regreso desde Nueva York hacia Buenos Aires realizado en febrero pasado. Paralelamente, pidió datos al hotel Llao Llao Hotel & Resort sobre una reserva efectuada en Bariloche y el método de pago utilizado.

La fiscalía intenta establecer quién financió esos viajes y bajo qué modalidad fueron abonados, mientras continúa reuniendo documentación patrimonial y financiera vinculada al entorno del funcionario nacional.

Otro de los puntos que volvió a tomar relevancia en la causa es la remodelación de la vivienda de Adorni en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. El contratista encargado de la obra, Matías Tabar, ratificó públicamente que los trabajos tuvieron un costo cercano a los 245 mil dólares y aseguró que los pagos fueron realizados “todo en efectivo” y en moneda estadounidense.

Tabar explicó que la obra fue ampliándose con el tiempo y negó versiones sobre supuestos traslados cinematográficos de dinero. “No hubo ningún bolso lleno de dólares”, sostuvo, aunque reconoció que no emitió facturas por los trabajos realizados, argumentando que esa modalidad es habitual en el rubro de la construcción.

Las declaraciones del empresario volvieron a generar repercusiones políticas y judiciales, mientras la investigación continúa avanzando sobre el patrimonio del jefe de Gabinete y su entorno familiar.