La investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este miércoles nuevos datos vinculados a los gastos realizados en el country Indio Cua, donde el funcionario alquiló una vivienda mientras avanzaban las refacciones de una casa que compró en el mismo barrio privado.

La novedad surgió a partir de la declaración testimonial de José Luis Rodríguez, propietario de la casa que ocupó Adorni junto a su familia. El hombre fue citado por el fiscal federal Gerardo Pollicita en el marco del expediente que intenta determinar si el funcionario puede justificar una serie de erogaciones detectadas durante los últimos meses.

Según trascendió de fuentes judiciales, Rodríguez aseguró que el contrato original de alquiler “se extendió de palabra” por otros tres meses debido a demoras en la obra que realizaba el contratista Matías Tabar en la propiedad adquirida por Adorni. Por esa extensión, siempre de acuerdo al testimonio, el funcionario habría desembolsado otros u$s2.400.

La Justicia ya tenía registrado que el jefe de Gabinete había pagado alrededor de u$s13.000 por el alquiler de la vivienda en Indio Cuá mientras se remodelaba la casa que compró en el country por u$s120.000. Pero la declaración agregó además otro dato: Rodríguez afirmó que ya le había alquilado la propiedad anteriormente.
Según contó, ambas partes firmaron un contrato temporal en octubre de 2023, antes de que Javier Milei llegara a la Presidencia. Adorni, designado como vocero, habría pasado el verano de 2024 en el country, en una estadía que le costó u$s5.600.

De acuerdo con la testimonial, todos los pagos se realizaron “en efectivo y en moneda extranjera”, una modalidad que ya había aparecido en otras declaraciones incorporadas al expediente. La causa viene acumulando distintas revelaciones sobre gastos atribuidos al funcionario y a su esposa, Bettina Angeletti.

Días atrás, el contratista Matías Tabar declaró que cobró u$s245.000 por la remodelación integral de la vivienda de Indio Cuá, trabajos que incluyeron reformas estructurales, cambios de pisos, remodelación de pileta, cocina y mobiliario.

En paralelo, se detectaron gastos por $14 millones en muebles para el departamento que la familia posee en el barrio porteño de Caballito. Según declaró el contratista Matías Tabar, esos trabajos también se habrían abonado en efectivo y sin facturación formal.

El expediente está a cargo del juez federal Ariel Lijo, quien ordenó distintas medidas de prueba, entre ellas el análisis del teléfono celular del contratista y el levantamiento del secreto fiscal ante ARBA para reconstruir movimientos patrimoniales y pagos realizados por el matrimonio. También se detectaron movimientos con criptomonedas por lo que se requirieron datos a billeteras virtuales.