Productores y cooperativas de yerba mate   formalizaron, este viernes 10 de abril, dos presentaciones ante el Juzgado Federal de Posadas.

En la primera solicitan que se declare la inconstitucionalidad, nulidad absoluta e insanable e inaplicabilidad de los artículos 164, 165, 166, 167 y 168 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 70/2023 (y acciones consecuentes) del Gobierno nacional, que “modifican sustancialmente el régimen institucional establecido por la Ley 25.564 de creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate" (Inym).

La segunda, es una medida cautelar que plantea la inmediata suspensión de los efectos y de la aplicación de esos artículos y acciones siguientes vinculadas, a fin de evitar la profundización de los daños ya verificados sobre el sector productivo primario, la consolidación de un proceso de descapitalización económica y el deterioro de las capacidades del organismo yerbatero.

Los planteos
Los planteos ante la Justicia federal son impulsados por Jorge Skripczuk, presidente de la Asociación Civil Impulso Yerbatero; Hugo Sand, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam); Salvador María Torres, presidente de la Cooperativa Río Paraná Limitada; Julio Alfredo Petterson, presidente de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte; Edgar Gustavo Hein, presidente de Federación De Cooperativas Agrícolas De Misiones Limitada, y Antonio Rodríguez Franza, presidente de la Asociación de Productores y Tareferos del Alto Uruguay, con el patrocinio letrado de José Federico Padolsky, visibilizando una articulación de organizaciones agrarias en defensa del sector primario de la yerba mate, la actividad más importante de esta región de la Argentina, por su historia (con origen en el pueblo mbya guaraní y  más de 100 años de cultivo sistemático) y por su alcance socio económico ambiental en todo el territorio de Misiones.

Declaración de inconstitucionalidad
La declaración de inconstitucionalidad de las medidas que impulsó el gobierno de Javier Milei, modificando el funcionamiento del Inym, evidencian, según explicó el abogado Federico Padolsky, “un cambio de naturaleza jurídica en la Institución, pasando de un órgano de concertación de los distintos actores del sector yerbatero, a un apéndice de la industria”.

Las normas establecidas por el Gobierno nacional a partir del DNU 70/23 “eliminan instrumentos regulatorios esenciales previstos por la ley para garantizar la sustentabilidad económica de la producción primaria, suprimen mecanismos institucionales de concertación sectorial y desarticulan las herramientas de intervención pública destinadas a corregir las asimetrías estructurales existentes dentro del mercado yerbatero”, según el escrito presentado ante el Juzgado.

Como consecuencia de ello, se explica “el organismo creado por el Congreso de la Nación, resulta desprovisto de las facultades necesarias para cumplir la finalidad institucional que justificó su creación, alterándose de manera sustancial la naturaleza jurídica del régimen legal vigente” y generándose “afectación actual y directa sobre los derechos e intereses legítimos de los productores primarios de yerba mate y de los trabajadores de la actividad”.

Cautelar
La medida cautelar de naturaleza innovativa, presentada ante el Juzgado Federal de Posadas, no solo tiene alcance en los artículos referidos al sector yerbateros comprendidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 70/2023 sino también, “en virtud de su directa vinculación normativa y funcional con el régimen cuestionado”.

Solicita que se suspenda los efectos del Decreto N° 812/2025 (modificatorio del Decreto Reglamentario N° 1240/2002), en cuanto reglamenta y profundiza las modificaciones introducidas por el mencionado DNU, y modifican el régimen legal del Inym. Y, “como consecuencia directa del proceso de desmantelamiento institucional que se viene verificando” y plantea “la suspensión de los efectos de la Resolución N°152/2025 del INYM, en cuanto instrumenta una reestructuración que implica la desvinculación de personal técnico del organismo, por constituir un acto de ejecución del régimen cuestionado y resultar funcional a la alteración del esquema institucional previsto por la Ley 25.564”.