La crisis en el sector de discapacidad en Posadas se profundiza y encendió una señal de alarma entre prestadores, profesionales y familias. En las últimas horas, una movilización en la plaza 9 de Julio visibilizó el reclamo por los atrasos en los pagos del programa federal Incluir Salud, una situación que, según advierten, ya es insostenible.

Florencia Eskinazi, titular del Instituto Owatá, describió el escenario con crudeza: “Este programa tiene una mora de pagos desde octubre del año pasado. Llegamos a un límite, agotamos todas las reservas. ¿Quién puede sostener un servicio con cinco meses de atraso?”.

La problemática afecta a múltiples instituciones categorizadas que dependen de fondos nacionales. “Es la primera vez en la historia que está sucediendo esto. Ya no sabemos a dónde recurrir”, afirmó.

Según detalló, la situación pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales. Se estima que unas 5.000 personas con discapacidad podrían quedar sin atención si los centros cierran. “Es una situación grave. Estamos pidiendo que el gobierno provincial interceda porque solos no podemos sostener más”, remarcó.

En el caso del Instituto Owatá, el impacto ya es visible. La entidad debió reducir prestaciones y suspender servicios básicos. “Hoy brindamos lo mínimo que establece la ley. Tuvimos que decidir qué es lo más necesario para cada usuario”, explicó Eskinazi.

Además, confirmó que desde la próxima semana dejarán de ofrecer alimentación: “Suspendimos desayunos, meriendas y almuerzos. En muchos casos, es el único lugar donde los chicos reciben comida”.

La situación también compromete fuentes laborales. El instituto sostiene actualmente a 30 trabajadores, pero evalúa posibles despidos. “Estamos generando una deuda sobre otra deuda. No hay manera de sostenerlo”, lamentó.

El reclamo no solo apunta al financiamiento, sino también al impacto social. “Hay chicos que si no reciben kinesiología se mueren. Así de grave es”, advirtió la titular del centro, al tiempo que cuestionó si el sistema público podría absorber la demanda en caso de cierre: “¿Está preparado para atender a estas 5.000 personas?”.

El testimonio también dejó al descubierto la vulnerabilidad de las familias. “Son situaciones muy difíciles. Hay casos en los que si nosotros no intervenimos, esas personas literalmente se mueren de hambre”, relató.

En medio de la angustia, Eskinazi expresó su frustración: “Esto ya no es un atraso, es un abandono total. Me duele, me angustia muchísimo. Amo lo que hago, pero es algo que hoy se me escapa de las manos”.

Tras la movilización, representantes del sector fueron recibidos por autoridades provinciales y esperan avanzar en gestiones que permitan destrabar los pagos. Sin embargo, no descartan nuevas medidas de fuerza.

“Si esto continúa, vamos a seguir movilizándonos. La única manera es visibilizar lo que está pasando”, sostuvo.

Mientras tanto, el conflicto sigue escalando y expone una problemática estructural que pone en jaque la atención de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.