Después de aprobar el Régimen Penal Juvenil, que permite bajar la edad de imputabilidad en la Argentina a 14 años, el Gobierno convirtió ley su reforma laboral en el Senado, la propuesta más trabajada por el oficialismo en extraordinarias, en la previa del discurso de Javier Milei por la apertura de sesiones. La jornada ocurrió con un Congreso blindado por el despliegue policial ante la movilización contra la sanción.

Los 42 respaldos al proyecto llegaron desde La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y los aliados provinciales del Gobierno, que llegaron desde Neuquén, Misiones, Tucumán y Salta. Todos los bloques del peronismo -que en reuniones previas se debatió abandonar el recinto antes de votar como señal de rechazo- se posicionaron en contra, registrándose 28 votos. Hubo dos abstenciones del oficialismo de Santa Cruz, que expresaron que se oponen a la reforma laboral pero la modalidad de votación los empujaba a posicionarse sobre un dictamen.

Los argumentos oficialistas apuntaron a una actualización de la legislación que permitirá mayor certeza jurídica para la incorporación de empleados en relación de dependencia. La participación de los que apoyan la ley dentro del debate fue mínima: sólo el miembro informante, dos senadoras del PRO (Huala y Cristina) que hicieron hincapié en el removido artículo de cuota sindical voluntaria y el cierre de Patricia Bullrich, que señaló que este proyecto viene a romper con "un sistema en donde nadie contrata a nadie".

Las principales críticas de la oposición justicialista fue contra el Fondo de Asistencia Laboral, apuntando que se trata de un "subsidio al despido" del Estado a las compañías. También remarcaron la quita de la ley de Teletrabajo sin reemplazo o la eliminación de estatutos. "Este proyecto viene a romper todo el sistema de leyes laborales que equilibraban una desigualdad natural que existe en las relaciones laborales", sintetizó la riojana López. En las bancas peronistas, se repitió el posible destino de judicialización de la reglamentación, en consonancia con la movilización de la CGT a Tribunales anunciada para el próximo lunes.

Antes de que inicie el debate, el peronismo intentó que la sesión se caiga y el proyecto vuelva a comisiones, a partir de una moción de orden del porteño Mariano Recalde, quien cruzó los dos proyectos aprobados en la jornada del jueves: señaló que la reforma laboral se sumaría a la modificación de la ley de Glaciares en una potencial vulneración del acuerdo Mercosur-Unión Europea, dado que en su artículo 18 inciso 2 establece que los países que intervienen deben "garantizar unos niveles elevados y efectivos de protección medioambiental y laboral".

Otro momento de conflictividad volvió a ser un nuevo cruce entre Victoria Villarruel y algún representante libertario, en este caso la senadora Nadia Márquez, quien fue advertida por la titular de la Cámara alta por acudir al recinto con el diputado oficialista Guillermo Montenegro. Hubo un momento de desencuentros con la modalidad final de votación, dado que debían expedirse entre el dictamen aprobado el 12 de febrero y el actual, pero la Vicepresidenta de la Nación terminó empujando a la definición final que sólo fue en general.