Con 40 senadores sentados en sus bancas, y a menos de 24 horas de que se aprobara la reforma a la ley de Glaciares y sancionar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, el Senado de la Nación sesiona para sancionar reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil. La votación es la última actividad de las sesiones extraordinarias antes del discurso de apertura de Javier Milei en el Congreso. Las inmediaciones del Palacio se encuentran valladas y se despliega un importante operativo de seguridad.

Pasadas las 11, todos los bloques, salvo Popular, que conduce José Mayans y los dos senadores de Movere por Santa Cruz, se puso en marcha la última sesión antes de que el Presidente brinde su tercer discurso ante la Asamblea Legislativa. En la previa al debate, el oficialismo daba por descontado que contaría con apoyos para convertir en ley ambos proyectos.

Mientras en las inmediaciones del Congreso se desplegaba un importante operativo de seguridad, la Cámara que conduce Victoria Villarruel comenzó a debatir el Régimen Penal Juvenil. Además de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, el objetivo del proyecto es "fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social".

Para ello, propone capacitaciones, recreación y deportes, además de atención médica y de contención por adicciones. Se ofrece también velar "por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas" y se habilitan "instancias de mediación con el adolescente imputado".
El senador que oficio de miembro informante fue Gonzalo Guzmán Coraita, de LLA. Luego de pronunciar su discurso, que leyó casi en su totalidad, su par de Popular Juliana Di Tullio pidió la palabra para cuestionar que, una vez más, los libertarios leen en lugar de explicar, con sus palabras, las leyes que defienden. La bonaerense le recordó que así lo establece el reglamento de la Cámara alta, que tiene rango constitucional.
En su discurso, el salteño señaló: “Estamos frente a una jornada histórica: nos proponemos derogar el Régimen Penal de la Minoridad que rige hace 46 años. Vamos reemplazarlo por uno moderno, integral y especializado. No es solo una actualización normativa, es saldar una deuda con la sociedad”.

La redacción libertaria establece penas máximas de 15 años, con la posibilidad de libertad condicional al alcanzar los dos tercios de la condena. Cuando las condenas establecidas sean de hasta 3 años, o de entre 3 y hasta 10 años pero que no impliquen un delito de gravedad, se reemplazará la privación de la libertad por otras penalidades, como las amonestaciones; la prohibición del contacto con la víctima, conducción de vehículos, asistencia a determinados establecimientos recreativos y a la salida del país; y la prestación del servicio a la comunidad.

Como antecedentes directos, la reforma laboral fue aprobada en el Senado con 42 votos a favor y 30 en contra en el mes de febrero. En cuanto al Régimen Penal Juvenil, la Cámara de Diputados la aprobó hace dos semanas con 149 apoyos y 100 rechazos.

En la jornada del jueves, el Gobierno logró la aprobación del acuerdo del Mercosur-Unión Europea con una amplia mayoría de 69 votos a favor y 3 en contra, convirtiéndose en el primer país en promulgar el tratado. Luego, consiguió la media sanción en la reforma en la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar, que aún debe ser tratado en la Cámara de Diputados.