La normativa establece un “régimen de autorización especial” que habilita a los legítimos usuarios de armas de fuego a adquirir y poseer “armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto derivadas de armas de uso militar de calibre superior al .22 LR”.

Hasta ahora, este tipo de armamento estaba restringido a las fuerzas armadas y de seguridad, según el decreto 64/95 que también había dado origen a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), responsable del control y regulación de armas en el país.

El nuevo decreto plantea que los organismos de control deben lograr “un particular equilibrio entre la posibilidad de la adquisición o transferencia de tales armas de fuego, con los recaudos derivados de la seguridad pública o común”.

Además, sostiene que la doctrina de ANMAC en cuanto a otorgamiento de autorizaciones fue “profusa” y que, en este contexto, resulta necesario “reevaluar los mecanismos dispuestos para controlar las armas semiautomáticas”.

Para acceder a este tipo de armas, los usuarios deberán acreditar “probados usos deportivos y las demás condiciones objetivas que al efecto establezca la ANMAC”.

Este cambio se suma a otras flexibilizaciones en materia de armas impulsadas por el gobierno de Milei. En 2024, se redujo de 21 a 18 años la edad mínima para tramitar la Credencial de Legítimo Usuario, el documento habilitante para la compra de armas. Además, en mayo se anunció un procedimiento de “Tenencia Express”, destinado a civiles y miembros de fuerzas de seguridad que compren en armerías, con el fin de agilizar el acceso a permisos para armas y municiones.

Actualmente, el proceso para obtener la credencial aún requiere una instancia presencial, aunque desde el gobierno libertario anticiparon que “en un mes y medio” estaría disponible de forma digital. El trámite incluirá completar un formulario, presentar un examen psicofísico firmado por un profesional matriculado, aprobar un examen de idoneidad de tiro, no poseer antecedentes penales y abonar una tasa de $5.000.

Según datos oficiales, hay en Argentina 260.348 legítimos usuarios registrados con 739.124 armas declaradas, lo que representa un promedio de tres armas por usuario. A su vez, existen 479.225 permisos vencidos, vinculados a 814.608 armas que alguna vez fueron registradas pero de las que actualmente se desconoce el paradero.

En el comunicado oficial, el gobierno nacional argumentó que la normativa anterior, con más de tres décadas de vigencia, debía ser revisada para actualizar los mecanismos de control de armas. Según señalaron, es necesario alcanzar un equilibrio entre permitir la adquisición o transferencia de armas semiautomáticas y garantizar la seguridad pública.

Además, explicaron que “durante más de 30 años, el ex Registro Nacional de Armas y la Anmac han elaborado una profusa doctrina administrativa en torno a las eventuales autorizaciones que, bajo un régimen de excepción al principio de prohibición general que dimana de la actual operatoria, ha experimentado variaciones a lo largo de su aplicación, que en las últimas décadas conllevaron a la aplicación de criterios más restrictivos y rigurosos tendientes a restringir al mínimo la concesión de tales permisos”.