Este miércoles por la tarde, el centro porteño fue escenario de una multitudinaria movilización que partió desde el Congreso Nacional y avanza hacia Plaza de Mayo. Lo que comenzó como una protesta impulsada por grupos de jubilados autoconvocados escaló en magnitud e impacto, convirtiéndose en una gran manifestación de sectores sociales, gremiales, feministas y de derechos humanos, articulados en defensa de los derechos previsionales y en abierta crítica al Gobierno nacional y al Poder Judicial.

La marcha ocurre pocos días después de que la Corte Suprema dejara firme la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua, un fallo que reactivó tensiones políticas y generó un llamado urgente a la movilización por parte de sectores del kirchnerismo y el oficialismo.

 Incidentes, vallas y fuerte operativo policial en el microcentro porteño
Las fuerzas de seguridad bloquearon el paso a la altura de avenida de Mayo y 9 de Julio. La aplicación del protocolo antipiquetes generó enfrentamientos con manifestantes.

Pasadas las 15 horas, las columnas comenzaron a concentrarse en la Plaza del Congreso, desplegándose por las avenidas Rivadavia, Callao y Entre Ríos. En paralelo, el Gobierno activó un fuerte operativo de seguridad con vallado reforzado, cierre de calles y presencia de efectivos de las fuerzas federales.

Con el correr de los minutos, el intento de avanzar hacia Plaza de Mayo generó tensión. En la intersección de avenida de Mayo y 9 de Julio, manifestantes chocaron con efectivos de la Policía que intentaban frenar el avance. Se registraron incidentes aislados, empujones, uso de gas pimienta y al menos algunas detenciones, según denunciaron organismos de derechos humanos presentes en el lugar.

Organizadores de la jornada expresaron preocupación por la posibilidad de una represión, recordando episodios recientes de violencia bajo el protocolo antipiquetes implementado por el Ministerio de Seguridad. Desde la Casa Rosada justificaron el operativo como parte de un plan de "garantía del orden público".

El reclamo previsional como eje de la protesta
La eliminación de la moratoria, la quita de medicamentos del PAMI y el veto al aumento de haberes agravaron el malestar social. La oposición legislativa busca avanzar con medidas paliativas.

La movilización también puso en primer plano la situación crítica de los adultos mayores en el país. Los manifestantes denunciaron el vaciamiento del sistema previsional, la pérdida del poder adquisitivo, el aumento en el costo de vida y la falta de acceso a medicamentos esenciales tras el recorte de programas del PAMI.

Además, la decisión del presidente Javier Milei de vetar el proyecto de ley aprobado por amplia mayoría en el Congreso —que establecía un aumento de emergencia para jubilados— encendió aún más el malestar. Desde el oficialismo justificaron el veto por su impacto fiscal, estimado en 12.000 millones de dólares, y lo calificaron como un freno al “populismo fiscal”. Sin embargo, desde la oposición y los movimientos sociales lo interpretan como un acto de "insensibilidad social" y "abandono estatal".

Durante la misma jornada, la Cámara de Diputados giró al Senado nuevos proyectos que buscan prorrogar la moratoria previsional, otorgar bonos a quienes perciben el haber mínimo, y declarar la emergencia en discapacidad. El Gobierno ya anticipó que vetará cualquier iniciativa de ese tipo.

Cristina Kirchner, el trasfondo político y la denuncia de proscripción
El fallo de la Corte Suprema reavivó la tensión política. Referentes del peronismo hablaron de "persecución judicial" y convocaron a una defensa activa de la expresidenta.

El fallo reciente de la Corte Suprema que dejó firme la condena contra Cristina Kirchner actuó como un catalizador del descontento. Aunque la exmandataria no participó de la marcha, su figura estuvo presente en pancartas, cánticos y discursos. Sectores del kirchnerismo denuncian una maniobra de proscripción política y aseguran que se trata de un intento de eliminar a la principal referente opositora mediante el aparato judicial.

Durante la jornada, se sumaron figuras como Axel Kicillof, Oscar Parrilli, Carlos Heller, Sergio Palazzo y otros dirigentes del oficialismo, que manifestaron su rechazo al fallo y pidieron una “respuesta colectiva y en las calles”. También participaron agrupaciones como la CTA, UTEP, Movimiento Evita, y organizaciones feministas, docentes y de personas con discapacidad.

Entre las consignas más repetidas se encontraron el pedido por una “justicia al servicio de la democracia”, el fin de la criminalización de la protesta social, y el rechazo a los recortes presupuestarios en salud, educación y programas sociales.

Una marcha que expresa el clima social
La protesta de jubilados se convirtió en símbolo del creciente descontento con el Gobierno nacional y su política de ajuste.

Lejos de ser un hecho aislado, la jornada de protesta refleja el malestar de amplios sectores de la sociedad ante la política económica del Gobierno. La pérdida de poder adquisitivo, los recortes a programas sociales, el vaciamiento del sistema de salud pública —como en el caso crítico del Hospital Garrahan— y el endurecimiento de la represión a la protesta configuran un escenario de tensión creciente.

Según los organizadores, la movilización no solo fue un grito por los derechos previsionales, sino también una advertencia: “el pueblo va a salir a la calle”, afirmaron. Se prevé que al finalizar la jornada se difunda un documento conjunto que critique duramente al Poder Judicial, al Ejecutivo nacional y exprese apoyo explícito a Cristina Kirchner como “símbolo de resistencia”.

La protesta de este miércoles podría marcar un punto de inflexión: no solo como expresión del reclamo de los jubilados, sino también como termómetro de una sociedad que comienza a organizarse frente al ajuste, la judicialización de la política y la falta de respuestas ante una crisis económica que golpea con más fuerza a los sectores vulnerables.