El gobierno de Bolivia intenta destrabar una profunda crisis social y política marcada por bloqueos de rutas, protestas sindicales y escasez de productos básicos en La Paz. Las manifestaciones, que llevan más de dos semanas, comenzaron con reclamos salariales pero escalaron hasta exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, a solo seis meses de haber asumido.
La protesta mantiene cortadas las principales vías de acceso a la capital boliviana, con al menos 15 puntos de bloqueo activos en La Paz y sus alrededores. Como consecuencia, se agravó el faltante de alimentos, combustibles, medicamentos e insumos médicos, mientras hospitales reportan problemas para acceder a oxígeno.
Los reclamos son encabezados por la Central Obrera Boliviana (COB), junto a sectores campesinos, indígenas y docentes. Aunque inicialmente pedían una suba del 20% en los salarios, el conflicto derivó en un fuerte cuestionamiento al nuevo gobierno, que puso fin a dos décadas de gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Durante el fin de semana, el Ejecutivo negoció con distintos sectores para intentar abrir corredores humanitarios y permitir el ingreso de suministros esenciales. Sin embargo, los intentos de despejar rutas derivaron en enfrentamientos entre manifestantes, Policía y Fuerzas Armadas.
En medio del conflicto, Estados Unidos denunció un intento de “desestabilización” y respaldó al gobierno de Rodrigo Paz, mientras crece la preocupación regional por la escalada de violencia y el impacto económico de la crisis.
Aunque analistas descartan por ahora una caída del gobierno, advierten que la situación puede debilitar seriamente la gestión y condicionar su agenda de reformas económicas, informó el portal TN.
El cierre de la maternidad del Sanatorio Finochietto no es un caso aislado. Clínicas privadas y hospitales públicos atraviesan una fuerte caída de nacimientos que obliga a reconvertir salas, reducir camas y replantear servicios. En algunos centros, incluso, ya sobran habitaciones.
El Fondo Monetario Internacional proyecta una inflación anual del 7,5% para Argentina en 2028, aunque analistas privados difieren en sus pronósticos. El organismo también instó al Gobierno a actualizar las canastas de consumo del Índice de Precios al Consumidor y fortalecer la independencia del Indec.
La Justicia de Río Negro responsabilizó de manera solidaria a Mercado Libre, Andreani y la firma Jobu S.A. tras la cancelación unilateral de una compra realizada por un consumidor que nunca recibió el producto adquirido y sufrió el impacto de la inflación durante el proceso.
El juez respaldó el dictamen del fiscal Marijuán: no vio prueba suficiente ni peligro concreto para frenar la concesión del corredor fluvial.
El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que con un primer cuatrimestre en positivo, el Gobierno se encamina a cerrar el tercer año con superávit fiscal