Política: El Gobierno diseña la estrategia para defender la reforma laboral ante una inminente judicialización
16/02/2026
La administración de Javier Milei ya trabaja en la estrategia jurídica con la que buscará defender la reforma laboral ante lo que da por descontado: una ola de presentaciones judiciales una vez que el proyecto obtenga sanción definitiva en el Congreso.
En la Casa Rosada admiten que esperan impugnaciones inmediatas y que el conflicto podría escalar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La reforma consiguió media sanción en el Senado y el oficialismo confía en reunir los votos necesarios en Diputados en los próximos días.
Tres áreas a cargo del diseño legal
La estrategia está coordinada por tres áreas clave del Ejecutivo:
La Secretaría de Legal y Técnica, encabezada por María Ibarzábal Murphy.
La Procuración del Tesoro de la Nación, conducida por Santiago Castro Videla.
El viceministerio de Justicia, bajo la órbita de Sebastián Amerio.
Los tres funcionarios responden políticamente al asesor presidencial Santiago Caputo, quien articula la ingeniería jurídica del Gobierno.
En Balcarce 50 prevén que las primeras acciones judiciales podrían provenir del propio fuero laboral, afectado por el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, incluido dentro del proyecto.
El traspaso del fuero laboral, uno de los puntos sensibles
El cambio contempla, entre otros aspectos, el cierre de 30 de los 80 juzgados nacionales que actualmente no cuentan con magistrados designados. La transferencia a la Ciudad salda un reclamo histórico vinculado a la autonomía porteña, pero generó fuerte rechazo en asociaciones de magistrados y gremios judiciales.
Desde el oficialismo sostienen que el fuero laboral presenta niveles de “discrecionalidad” que alimentaron lo que denominan “industria del juicio”, uno de los ejes discursivos de la reforma. La reducción de estructuras y la reorganización del sistema forman parte de esa lógica.
Convenios colectivos e indemnizaciones, foco de conflicto
Otro punto que podría derivar en litigios es la modificación del orden de prelación de los convenios colectivos. El proyecto habilita que un convenio de ámbito menor —por empresa o región— pueda prevalecer sobre uno nacional de rama, incluso si establece condiciones menos favorables.
También se prevén cuestionamientos sindicales respecto a:
La limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos, es decir, la vigencia automática de acuerdos vencidos hasta su reemplazo.
Cambios vinculados a indemnizaciones y multas laborales.
La creación de nuevos mecanismos como el Fondo de Asistencia Laboral.
En el Gobierno recuerdan que los gremios ya lograron frenar, mediante amparos, partes del DNU 70/23 y del capítulo laboral de la Ley Bases. En este último caso, la Justicia laboral suspendió y declaró inconstitucional el Título IV, antecedente que la administración libertaria considera central al momento de planificar la defensa.
La Corte como escenario final
En el Ejecutivo descuentan que las controversias terminarán concentradas en el máximo tribunal. La expectativa oficial es que, a diferencia de otros expedientes que llevan años sin resolución definitiva, el tratamiento sea más ágil debido al impacto estructural de la reforma.
Mientras continúa la negociación política para asegurar la aprobación en Diputados, el Gobierno ya trabaja en escenarios jurídicos posibles. La reforma laboral, más allá del debate parlamentario, se encamina a abrir un nuevo frente en los tribunales.
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