La Fiscalía Federal de Puerto Iguazú concluyó que el dirigente brasileño ingresó y salió del país con registros migratorios regulares y descartó la existencia de un delito en esa jurisdicción. Sin embargo, sigue abierta en Comodoro Py una investigación sobre la organización del vuelo privado y la posible intervención de funcionarios argentinos.

La Fiscalía Federal de Puerto Iguazú dispuso el archivo de la denuncia por el presunto ingreso irregular de Flávio Bolsonaro a la Argentina, al considerar que no existieron delitos ni irregularidades en los controles migratorios realizados en Misiones.

La decisión fue adoptada por el fiscal federal subrogante Aníbal Fabián Martínez, quien sostuvo que el dirigente brasileño contaba con la documentación y las habilitaciones necesarias para ingresar, transitar y salir del territorio nacional.

El dictamen se basó en informes de la Dirección Nacional de Migraciones y de Interpol. Según los registros incorporados al expediente, Bolsonaro ingresó desde Brasil el 27 de octubre a las 22.37, a través del puente internacional Tancredo Neves, y registró su salida ese mismo día a las 23.52 desde el aeropuerto internacional Cataratas del Iguazú, en un vuelo privado con destino a Ecuador.

Por su parte, Interpol informó que no existían restricciones, requerimientos ni órdenes de captura vigentes contra el dirigente brasileño al momento de realizarse la consulta. Tampoco se encontraron antecedentes de medidas restrictivas internacionales.

A partir de estos elementos, Martínez consideró que no correspondía avanzar con otras medidas solicitadas por los denunciantes, entre ellas el relevamiento de cámaras de seguridad, documentación aeroportuaria y requerimientos a empresas de transporte.

Las presentaciones que dieron origen a la investigación en Puerto Iguazú habían sido realizadas por Daniel Ricardo Monterde y la diputada nacional Marcela Pagano, quienes plantearon posibles irregularidades en el cruce fronterizo, los controles migratorios y una eventual participación de empresas privadas.

La causa que sigue en Comodoro Py
Pese al archivo dispuesto en Misiones, la investigación judicial continúa en Buenos Aires para determinar si existieron gestiones de funcionarios nacionales destinadas a facilitar el traslado de Bolsonaro mediante un avión privado.

La fiscalía de Puerto Iguazú aclaró que las sospechas vinculadas con la contratación de la aeronave y el eventual uso de recursos exceden su competencia territorial, debido a que el avión había partido previamente desde Aeroparque, en la Ciudad de Buenos Aires.

Por ese motivo, dispuso remitir una copia de la resolución a la Fiscalía Federal N° 10, que interviene en la causa CFP 5270/2026, radicada ante el Juzgado Federal N° 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti, con intervención de la fiscal Paloma Ochoa.

En ese expediente se incorporaron las denuncias presentadas por Gabriel Solano y Esteban Paulón, quienes solicitaron investigar si integrantes del Gobierno nacional colaboraron para facilitar el traslado del dirigente brasileño.

Las presentaciones mencionaron al presidente Javier Milei, al asesor Santiago Caputo, al canciller Pablo Quirno y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

En el marco de esa investigación, Capuchetti había ordenado preservar las imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto internacional de Puerto Iguazú, sus inmediaciones y la pista de aterrizaje. También solicitó informes a la Cancillería y a la Dirección Nacional de Migraciones.

De esta manera, el archivo dispuesto por la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú queda limitado a las posibles irregularidades migratorias examinadas en Misiones, mientras que la Justicia federal porteña deberá avanzar sobre las sospechas relacionadas con la organización del vuelo privado y las eventuales gestiones oficiales.