Inspectores forestales y guardabosques del Ministerio de Ecología de Misiones manifestaron su rechazo a la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó sin efecto el fallo que impedía aplicar la derogación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales. En una carta abierta, señalaron que la discusión tiene consecuencias concretas sobre las tareas de fiscalización que realizan en el territorio provincial.

Sucede que el máximo tribunal, presidido por el juez Horacio Rosatti, revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023 de Javier Milei, mediante el cual se derogó la Ley de Tierras Rurales.

La Corte fundamentó su decisión en la falta de legitimación del Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim), que fue el organismo que inició la demanda. Si bien aclaró horas después mediante un comunicado que no se pronunció sobre la constitucionalidad de fondo de la derogación, el fallo deja, en la práctica, sin efecto el límite de compra de tierras.

La Ley 26.737, sancionada en 2011, establecía un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. También fijaba un tope del 30% dentro de ese porcentaje para personas de una misma nacionalidad y limitaba la superficie que podía concentrar un mismo titular extranjero. Además, prohibía la adquisición de inmuebles que contuvieran o fueran ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes y establecía restricciones para zonas de seguridad de frontera.

Para los trabajadores misioneros, la eliminación de esas restricciones excede la discusión sobre la propiedad de la tierra y se relaciona directamente con las posibilidades de control en el terreno. “Nuestra posición no surge de un análisis de escritorio. Surge del trabajo cotidiano de recorrer los montes, controlar los límites de las áreas protegidas, labrar actas y fiscalizar los cambios de uso del suelo en todo el territorio provincial”, expresaron en la carta.

Desde esa experiencia, plantearon que Misiones presenta características territoriales que vuelven particularmente relevante el control sobre las adquisiciones de tierras. Recordaron que la provincia concentra “la única superficie continua de selva paranaense del país”, comparte más de 1.000 kilómetros de frontera internacional con Brasil y Paraguay y contiene cuencas, áreas protegidas y bosques considerados de valor estratégico regional.

En ese contexto, sostuvieron que la Ley 26.737 “no era una norma de alcance meramente económico”, sino “una herramienta de ordenamiento territorial que incidía directamente sobre la biodiversidad, el agua y la seguridad de la franja de frontera”.

Uno de los principales puntos señalados en la carta está relacionado con los cursos de agua. Según explicaron, una parte importante de las tareas de control se concentra en arroyos, saltos y otros cursos que estructuran corredores ecológicos de la selva. Por eso, consideran que la eliminación de la prohibición para adquirir tierras ribereñas de determinados cuerpos de agua puede ampliar las dificultades de fiscalización y control de acceso a esos ambientes.

Los inspectores también remarcaron la particular configuración geográfica de Misiones. “Con el 90% de sus límites compartidos con Brasil y Paraguay y un ancho promedio de apenas 90 km de este a oeste, Misiones no tiene margen territorial que amortigüe un régimen sin topes ni registro efectivo”, señalaron.

A partir de esa condición, advirtieron que cada adquisición de tierras lindera a la frontera sin una instancia previa de evaluación “se convierte en un nuevo punto ciego para la fiscalización”.

La carta también pone el foco en las dificultades que puede generar la distancia entre los organismos de control y los titulares de los inmuebles. Los trabajadores recordaron que las normas de protección del bosque nativo, incluida la Ley 26.331 y la legislación provincial, continúan vigentes para cualquier propietario, pero remarcaron que su cumplimiento depende de la posibilidad de intervenir efectivamente en el territorio.

“Cuando el titular no reside en el país ni tiene representación en la provincia, notificar una infracción, sustanciar un sumario o exigir la restauración de un desmonte se vuelve más lento e incierto, mientras el daño sobre la selva sigue avanzando”, afirmaron.

La advertencia se vincula así con una cuestión práctica: quién es el titular de la tierra, dónde se encuentra y cómo se concreta la intervención estatal cuando se detecta una infracción. Para los inspectores y guardabosques, los límites que establecía la normativa derogada constituían también una herramienta preventiva frente a situaciones que luego deben ser controladas en el terreno.

“La soberanía sobre el territorio también se ejerce en el monte. Cada hectárea de selva que cambia de manos sin control previo es una hectárea más difícil de proteger”, remarcaron.

Finalmente, los trabajadores rechazaron la decisión y reclamaron a los representantes de Misiones en el Congreso de la Nación que impulsen la restitución de los límites a la adquisición de tierras rurales por extranjeros, con especial atención sobre la franja de frontera y las tierras ribereñas de cuerpos de agua permanentes.