La situación del sistema de discapacidad continúa generando preocupación en Misiones ante las demoras en pagos, la entrega de medicamentos y la ejecución de programas nacionales. Así lo planteó la titular del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, durante una exposición realizada en la Comisión de Discapacidad de la Legislatura nacional, donde describió el impacto que tienen las dificultades del sistema en las personas que dependen de estas prestaciones.

Antúnez explicó que la declaración de emergencia en discapacidad surgió a partir de los retrasos en los pagos a prestadores y de una serie de dificultades vinculadas al financiamiento del sistema nacional. Según señaló, en los últimos meses se registraron demoras en la entrega de medicación, recortes y falta de ejecución de fondos correspondientes a programas del Fondo Nacional de Discapacidad.

En el caso de Misiones, uno de los principales puntos planteados durante su exposición estuvo relacionado con el programa federal Incluir Salud. De acuerdo con el relevamiento mencionado por la funcionaria, hay 316 pacientes que actualmente tienen pendientes pedidos de medicación.

Se trata, en algunos casos, de tratamientos de alto costo. Antunes indicó que determinados medicamentos pueden tener valores de entre 30 y 40 millones de pesos, mientras que algunos tratamientos llegan a representar un costo de hasta 60.000 dólares mensuales.

“Realmente eso es lo preocupante porque es medicación de alto costo”, sostuvo la titular del Consejo Provincial de Discapacidad, al describir la situación de los pacientes que aguardan la provisión de sus tratamientos.

Qué plantea el Presupuesto 2027

Durante su presentación en Buenos Aires, Antúnez también cuestionó la incorporación de determinados artículos al proyecto de Presupuesto 2027, al considerar que podrían afectar distintos aspectos del sistema de discapacidad.

Según explicó, entre los puntos involucrados aparecen cuestiones vinculadas con la inclusión laboral, las pensiones y el nomenclador único de prestaciones básicas de discapacidad.

La funcionaria sostuvo que, de avanzar estas modificaciones, se profundizaría la incertidumbre para las personas con discapacidad y para quienes trabajan dentro del sistema de atención.

“Nosotros estamos hablando de un contexto preocupante”, afirmó Antúnez, quien planteó que la situación no se limita a las dificultades actuales, sino que también genera preocupación respecto del funcionamiento futuro del sistema.

En ese marco, la titular del organismo provincial señaló que las demoras y restricciones en el acceso a prestaciones tienen un impacto directo sobre personas cuya salud depende de la continuidad de tratamientos, medicamentos y servicios especializados.