El artículo 39 del proyecto de Presupuesto del Poder Ejecutivo Nacional para el 2027 modifica el artículo 7° bis de la Ley 24.901, que regula el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.

El cambio central es que elimina los valores universales del Nomenclador de Prestaciones Básicas, es decir, el arancel único a nivel nacional que hasta ahora debían respetar por igual todos los entes obligados, el Estado nacional, las obras sociales, las prepagas, PAMI e Incluir Salud, para pagar a los prestadores de servicios como transporte especial, acompañamiento terapéutico, centros de día, apoyo escolar y rehabilitación.

En su reemplazo, el proyecto establece que la "universalidad" de las prestaciones no implicará "la homogeneidad de aranceles ni de modalidades de financiamiento entre las jurisdicciones", sino apenas la garantía de un "piso mínimo prestacional común".

Cuando el ente obligado sea el Estado nacional, los valores serán fijados trimestralmente por la Secretaría Nacional de Discapacidad, y si esa determinación no se realiza en el plazo estipulado, los aranceles quedarán sujetos a lo que fije el Ministerio de Salud tomando como referencia el IPC.

Qué riesgos concretos señalan los especialistas

El esquema que impulsa el Gobierno no es una idea nueva, ya había sido incluida en un proyecto anterior denominado "Ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez", que no había avanzado y ahora reaparece dentro del articulado del Presupuesto.

Distintas organizaciones, prestadores y especialistas vienen advirtiendo sobre los efectos concretos de esta desregulación desde que se conoció la primera versión de la iniciativa.

El principal riesgo señalado es que, sin un arancel de referencia nacional, los valores de las prestaciones pasarán a negociarse directamente entre cada obra social o prepaga y cada prestador. Esto derivará en una pulseada desigual donde el financiador tiene mayor poder de imposición sobre el precio final del servicio.

Esa desigualdad en la negociación tiene, según los propios prestadores, una consecuencia directa sobre la calidad de la atención. Es que cuando se precariza al prestador, también se deteriora la calidad de las prestaciones. Y en discapacidad los servicios no son opcionales, sino de necesidades básicas.

Es que una persona con discapacidad no puede usar cualquier silla de ruedas o cualquier insumo, todo debe estar adaptado a su necesidad, si eso queda librado al mercado, se pierde calidad y se vulneran derechos.

La organización Discapacidad en Alerta Máxima planteó el riesgo de fondo en términos de acceso, "desregular el nomenclador significa convertir derechos fundamentales en mercancías, quien tenga dinero accederá a tratamientos, quien no lo tenga quedará excluido".

Por qué el impacto podría ser mayor en Misiones

El sistema vigente hasta ahora reconoce un adicional del 20% sobre el arancel básico por "zona desfavorable", pero ese reconocimiento se aplica exclusivamente a las provincias de la región patagónica, para compensar los mayores costos de prestación en esas jurisdicciones.

Las provincias del NEA, entre ellas Misiones, nunca contaron con un adicional equivalente, pese a que también enfrentan grandes distancias para el acceso a tratamientos especializados y una menor disponibilidad de prestadores formados en determinadas terapias, un costo que hoy ya recae en las familias en forma de traslados y tiempos de espera.

En un esquema donde cada jurisdicción o financiador fija sus propios valores sin una referencia nacional obligatoria, una provincia que ya parte de una posición más débil, sin el adicional que sí tiene la Patagonia y con menor densidad de prestadores especializados, queda en una situación de negociación todavía más desfavorable.

Menos prestadores dispuestos a trabajar por los valores que se terminen fijando localmente puede traducirse, en los hechos, en menos oferta de servicios privados disponibles para las familias misioneras, por lo que los servicios terminarán recayendo sobre el sector público que deberá afrontar un mayor gasto de salud, en un marco de crisis económica que le recortó la recaudación por medidas nacionales que desplomaron el consumo y la actividad económica interna. 

Un ajuste que se suma a un sistema ya debilitado

La reforma llega además sobre una base que arrastra dificultades desde hace años. Según relevamientos del sector, las obras sociales pagan a los prestadores con demoras que en algunos casos superan los 180 días, y el nomenclador nacional estuvo prácticamente congelado durante casi dos años antes de las actualizaciones parciales aplicadas en 2025 y 2026, actualizaciones que, según denuncian organizaciones y prestadores, tampoco alcanzaron a recomponer el atraso acumulado frente al aumento de los costos operativos.

En ese contexto, el Presupuesto 2027 no llega a un sistema estable al que simplemente se le agrega flexibilidad, sino a un esquema ya golpeado, al que además se le retira la única herramienta de referencia común que garantizaba un mismo piso de derechos para las personas con discapacidad en todo el país, incluidas las que viven en provincias como Misiones, que hasta ahora ya quedaban fuera de las compensaciones que sí recibían otras regiones del país.