La Fundación Dante Piesco informó que presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de Patricia Sandoval, Directora de Biodiversidad; Estela Maris Brodzicz, Jefa del Departamento de Fauna; y José Meriles, Guardafauna Provincial, todos dependientes del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Misiones.

La presentación, de más de treinta páginas, reúne antecedentes de numerosas causas judiciales provinciales y federales vinculadas al tráfico ilegal de fauna silvestre, la tenencia ilegal de especies protegidas, criaderos clandestinos, comercio ilegal, pérdida de trazabilidad, utilización irregular de documentación, maltrato animal y otros hechos de extrema gravedad para la biodiversidad misionera.

La Fundación sostiene que estos casos, lejos de constituir episodios aislados, presentan un denominador común: todos ocurrieron dentro del ámbito de competencia de la Dirección de Biodiversidad, organismo al que la legislación provincial asigna expresamente la responsabilidad de inspeccionar, controlar, fiscalizar y denunciar las infracciones relacionadas con la fauna silvestre.

Para la Fundación, la reiteración de hechos permite plantear ante la Justicia la existencia de un posible patrón sistemático de incumplimiento funcional, que habría favorecido la continuidad de actividades presuntamente ilegales vinculadas al tráfico y explotación de fauna silvestre. La denuncia solicita precisamente que sea el Ministerio Público Fiscal quien determine si existieron omisiones incompatibles con las obligaciones legales de los funcionarios denunciados.

“La biodiversidad de Misiones no está siendo amenazada únicamente por cazadores o traficantes. Cuando el sistema encargado de controlar, fiscalizar y proteger deja de cumplir eficazmente sus funciones, se genera un escenario que favorece la impunidad y debilita toda la política de conservación”, expresó la Fundación.

Asimismo, la organización considera que la sucesión de expedientes judiciales abiertos en distintos puntos de la provincia evidencia lo que denomina una matriz de corrupción o de graves irregularidades institucionales que debe ser investigada por la Justicia, para determinar si existieron responsabilidades penales individuales, eventuales redes de protección o mecanismos administrativos que permitieron la continuidad de maniobras ilícitas contra el patrimonio natural de los misioneros. La Fundación aclara que será la investigación judicial la que deberá establecer si tales hipótesis encuentran sustento probatorio.

Desde la Fundación Dante Piesco, responsable de gestionar el centro de conservación y rescate de fauna silvestre OHANA, señalaron que esta acción judicial no persigue un objetivo personal ni político, sino fortalecer las instituciones encargadas de proteger la fauna silvestre y asegurar que quienes tienen el deber legal de hacerlo rindan cuentas ante la Justicia cuando existan indicios suficientes para investigar un eventual incumplimiento de sus obligaciones.

“La fauna silvestre es patrimonio de todos los argentinos. Defenderla implica también exigir que las instituciones funcionen con transparencia, eficiencia y dentro del marco de la ley. Sin controles efectivos, el tráfico ilegal encuentra terreno fértil para expandirse y pone en riesgo uno de los mayores tesoros naturales de nuestro país”. Manifestó Marina Sarquiz, vicepresidente de la Fundación.